
Dina Boluarte reaparece en Lima, niega cargos y familiares de víctimas exigen su prisión
La expresidenta de Perú rechazó las 11 investigaciones en su contra y negó haber intentado huir del país, mientras organizaciones de familiares de las víctimas de la represión piden su encarcelamiento por las muertes ocurridas durante su gobierno.
La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, reapareció públicamente este viernes y negó los cargos en su contra por al menos once casos que investiga la Fiscalía, luego de que fuera destituida por el Congreso. Mientras tanto, familiares de las víctimas de la represión durante su gobierno exigieron que sea enviada a prisión.
Boluarte, quien se mantuvo sin aparecer en público desde su vacancia presidencial, se asomó a la puerta de su residencia en Lima, donde decenas de periodistas aguardaban. Desde allí, rechazó los rumores de que intentaba huir o buscar asilo político en alguna embajada.
“No está en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico abandonar el Perú”, afirmó, asegurando que permanecerá en el país “para enfrentar los procesos” y “demostrar su inocencia”.
La exmandataria, que se convirtió en la décima gobernante peruana en una década, insistió en que su conciencia “está tranquila” y que su gestión buscó “servir al Perú”. Sin embargo, su popularidad cayó por debajo del 10% de aprobación, según los últimos sondeos antes de su destitución.
Once investigaciones y posible prisión preventiva
La Fiscalía de la Nación mantiene abiertas 11 investigaciones contra Boluarte por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos.
Entre los casos más relevantes se encuentra el proceso por la represión a las protestas de 2022 y 2023, que dejaron más de 50 muertos, según datos de organismos de derechos humanos.
Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido parcialmente algunas indagaciones antes de su salida del poder, la fiscalía retomó las diligencias, incluyendo careos y pedidos de restricción de viaje ante la posibilidad de una fuga.
“Viví siete años en el extranjero y nunca me quedé allá, regresé para servir al Perú”, declaró Boluarte, intentando descartar las versiones de una posible solicitud de asilo.
Familias de víctimas exigen justicia
En paralelo, la Organización Nacional de Familiares Víctimas de las Masacres 2022-2023 realizó una manifestación en Lima, reclamando la detención de la expresidenta y el avance de los procesos judiciales.
“La vacancia no basta. Exigimos justicia, verdad y la captura de Dina Boluarte por los crímenes cometidos durante su régimen”, expresaron los familiares en una declaración pública.
Los manifestantes recordaron que Boluarte ocupó el más alto rango de mando de las Fuerzas Armadas, lo que, según sostienen, la hace responsable de las órdenes represivas que dejaron decenas de muertos y heridos durante las protestas tras la caída de Pedro Castillo.
Militares implican a Boluarte
Varios medios locales informaron que militares peruanos habrían declarado ante la Fiscalía que la entonces presidenta ordenó directamente las acciones represivas. Ella, sin embargo, se defiende asegurando que “mandaba, pero no comandaba” las operaciones de campo.
La exgobernante enfrenta un escenario judicial complejo y una creciente presión social. Mientras sus abogados preparan la defensa, sectores políticos y organizaciones civiles exigen que la justicia avance “sin privilegios ni dilaciones”.
Boluarte podría enfrentar en las próximas semanas una solicitud de prisión preventiva, mientras se desarrollan los careos y audiencias que definirán su situación procesal.
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