Caso Factop: Suprema confirma suspensión condicional del procedimiento en arista LarrainVial
“En consecuencia, el juez de garantía ejerció las atribuciones de control que el orden procesal le encomienda, bajo los parámetros establecidos en el artículo 237 tantas veces aludido, constatando la concurrencia de los requisitos formales de la salida alternativa planteada por el persecutor", indica la resolución.
La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por las defensas y confirmó la suspensión condicional del procedimiento a favor de ocho imputados en la arista LarrainVial del denominado caso Factop-Audio.
Los beneficiados son Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, Andrés Bulnes Muzard, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Porzio Honorato y Claudio Yáñez Fregonara, quienes habían propuesto la salida alternativa junto al Ministerio Público.
En fallos de mayoría, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari– revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rechazado la medida.
El tribunal sostuvo que las cortes de alzada “incorporaron elementos nuevos al debate” al considerar la agravante de haber cometido el delito contra una persona adulta mayor, cuestión que no fue discutida en la instancia original. Según el fallo, ello vulneró el principio acusatorio y excedió las atribuciones de control que la ley otorga a los jueces de garantía.
La resolución recalca que el juez de primera instancia actuó conforme a derecho, al aprobar la suspensión condicional tras verificar los requisitos legales, las atenuantes de los imputados y el consentimiento informado de las partes.
En su decisión, la Corte Suprema enfatizó que la valoración sobre la procedencia de una salida alternativa “corresponde exclusivamente al Ministerio Público”, mientras que la judicatura solo debe ejercer un control de legalidad.
El ministro Leopoldo Llanos votó en contra.
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