Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza remover a fiscal regional de Los Ríos

El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó la solicitud para trasladar la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, quien fue vista por última vez en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Con ello, la fiscal regional Tatiana Esquivel continuará a cargo del caso.

La petición había sido presentada por las abogadas Karina Riquelme, Carmen Caifil y Mariella Santana, quienes representan a la familia de Chuñil y pedían que la indagatoria fuera derivada a otra región.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional informó que Valencia “no dio lugar a la solicitud de cambio de fiscal regional”, tras determinar que las situaciones expuestas por las abogadas “no son de tal entidad que permitan satisfacer los requisitos necesarios para la configuración de las causales previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

El Ministerio Público precisó que la decisión se adoptó luego de analizar un informe remitido por la Fiscalía Regional de Los Ríos, el cual acreditó tres puntos principales: que la investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerza de tareas —con fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades—; que todas las diligencias intrusivas han sido sometidas a control judicial y validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema; y que las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico.

Además, la Fiscalía destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la resolución N° 48/2025, “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y del Ministerio Público en la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo las diligencias y líneas investigativas desarrolladas”.

En ese contexto, el fiscal nacional reafirmó su respaldo a la labor de la Fiscalía Regional de Los Ríos, encabezada por Esquivel, y sostuvo que “no se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa”.