Concejal de Lautaro presenta requerimiento ante Contraloría contra secretario municipal por faltas a la probidad

El concejal en ejercicio de la Municipalidad de Lautaro, Piero Edgardo Jara Ruiz, presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre eventuales infracciones al principio de probidad administrativa por parte del secretario municipal de Lautaro, Sergio Zúñiga Ibáñez.

La acción se fundamenta en una serie de hechos que, según el documento, comprometerían la neutralidad institucional del cargo y afectarían el correcto funcionamiento del municipio. Entre ellos se menciona la participación de Zúñiga en actividades políticas en Temuco durante un permiso administrativo, donde actuó como abogado patrocinante y vocero de concejales de otro municipio, episodio que fue difundido por el medio Alerta Noticias Temuco el pasado 8 de octubre.

Según explicó el concejal Jara, dicha actuación se habría producido durante horario laboral, aunque Zúñiga sostiene haber contado con un permiso administrativo. “Lo relevante —dijo el edil— es determinar si el rol de secretario municipal es compatible con el ejercicio paralelo de funciones como abogado, especialmente cuando estas se vinculan a actividades políticas”.

Incumplimientos administrativos

En su requerimiento, el concejal también acusa reiterados incumplimientos en las funciones propias de la Secretaría Municipal, como la demora en la tramitación de solicitudes de personalidad jurídica y la confección de actas del Concejo. Además, afirma que en meses anteriores Zúñiga habría ejercido su labor de abogado durante la jornada laboral, lo que a su juicio refuerza la necesidad de esclarecer su conducta administrativa.

Jara adelantó que en la próxima sesión del Concejo Municipal solicitará la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y resguardar la transparencia institucional.

Antecedentes y solicitud a Contraloría

El requerimiento también menciona antecedentes publicados por el medio Novena Digital en 2024, que denunciaban presuntos casos de uso de influencias para designaciones familiares, cobros de viáticos indebidos y utilización de vehículos fiscales para fines personales, situaciones que ya habrían sido objeto de revisión por parte de la Contraloría.

La presentación invoca el artículo 8° de la Constitución, la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley 18.883) y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695), además de diversos dictámenes previos del órgano contralor.

En su escrito, el concejal solicita que la Contraloría evalúe la compatibilidad de las actuaciones del funcionario con el principio de probidad, determine si corresponde abrir un procedimiento disciplinario y entregue información sobre el estado de las denuncias anteriores, con el fin de garantizar certeza jurídica y transparencia institucional.

El requerimiento fue ingresado en la Contraloría Regional de La Araucanía, donde se encuentra actualmente en proceso de evaluación.