Un total de 17 informes reservados de la Contraloría General de la República (CGR), detectaron múltiples vulneraciones en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de drogas incautada, que denotan un incumplimiento a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en distintos servicios de salud del país.
Entre las principales fallas que se repiten en dichas dependencias destacan las diferencias en los registros de drogas incautadas, lo que no permite garantizar la calidad e integridad de los datos. Asimismo, el proceso, que contempla que los estupefacientes incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería se envían a los servicios de salud para su posterior destrucción, presenta otra serie de desórdenes e incumplimientos a la ley que regula la materia.
Diferencias en registros de peso y retrasos
Entre los hallazgos relevantes de los informes están diferencias en el pesaje de los decomisos entre el servicio de salud y las instituciones policiales, advirtiéndose, según Contraloría, la pérdida de trazabilidad del peso de los decomisos que incluyen planta de cannabis, en ambas policías.
A ello se agregan falencias en el sistema de registros de decomisos recibidos, como el uso de una planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad. Al revisar aquello, el organismo comprobó la existencia de al menos siete casos con errores de registro de transcripción.
Además, pese a que la citada Ley N° 20.000 indica que las drogas incautadas deben ser entregadas dentro de las 24 horas siguientes al Servicio de Salud, se determinó que tanto la PDI como Carabineros incumplieron ese plazo.
También se observó incumplimientos en el plazo para informar al Ministerio Público los resultados de los análisis realizados por los laboratorios competentes. En algunos casos sumaron más de 350 días.
Infraestructura insuficiente
Por otra, la CGR detectó deficiencias en la infraestructura de oficinas y bodegas de decomisos, pues no se cumple con lo exigido en la referida Ley 20.000, además de ausencia de elementos de protección personal. Lo anterior provocó, en múltiples casos, desórdenes en dichas unidades, con bolsas y cajas con drogas en el suelo. En algunos casos las bolsas con las que se almacenaba y transportaba la mercancía se encontraban rotas, sin que conste que su contenido sea el mismo que el recepcionado por el servicio.
Respecto de lo mismo, otro informe evidenció deficiencias en la infraestructura y seguridad de unidades encargadas del proceso de quema, tales como la falta de ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad. Además, una caja fuerte se encontraba en mal estado.
Adicionalmente, se evidenció la falta de controles de acceso a algunas dependencias; tarjetas de control de acceso a oficinas y bodega sin nominar, e inexistencia de un registro de acceso a estas, entre otras debilidades de seguridad.
Debilidades de sistemas
Finalmente, Contraloría detectó la falta de un sistema informático para el control de la recepción y destrucción de las drogas.
Igualmente, plataformas diseñadas para el registro de actas de recepción de drogas y facilitar la información, presentan deficiencias de trazabilidad y no muestran una relación directa entre los decomisos recibidos y sus respectivas actas de destrucción.
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