Defensoría de la Niñez presenta acción de protección por vulneraciones en residencia del Barrio Yungay

El recurso fue interpuesto contra el Servicio Nacional de Protección Especializada, el Ministerio de Desarrollo y la Fundación Chilena para la Discapacidad, entidades responsables de la administración de las dos residencias donde se han registrado las vulneraciones.

La Defensoría de la Niñez informó que interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tras los “gravísimos” hechos ocurridos el pasado 16 de octubre al interior de una residencia de protección en el Barrio Yungay, que dejaron a un adolescente internado producto de serias heridas con arma blanca.

Puntualmente, el recurso fue interpuesto en contra del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Protección Especializada y contra la Fundación Chilena para la Discapacidad, ya que son las “entidades responsables de las dos residencias en las cuales se han registrado graves omisiones ilegales y arbitrarias que han afectado directamente la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado”.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille advirtió que todos los organismos recurridos han tenido conocimiento, desde el inicio del funcionamiento de las residencias, de las negligencias y omisiones de este organismo colaborador. Sin embargo, se ha omitido la adopción de medidas correctivas, desatendiendo las oportunas recomendaciones formuladas por el Programa Mi Abogado de la Región Metropolitana, organismos de salud y, especialmente, por la Defensoría de la Niñez. Más grave aún, han incumplido resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia.

También manifestó que espera que la Corte de Apelaciones de Santiago adopte medidas urgentes para detener estas vulneraciones y ordene a las instituciones responsables a actuar conforme a sus atribuciones legales, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados.

Restablecer el respeto a los derechos fundamentales y garantizar la protección efectiva de quienes han sido vulnerados es una obligación ineludible del Estado”, cerró.

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El Periodista