Delitos Digitales con Sello Local: Así Operó una mini Banda Condenada por Fraude Informático en Chile

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó recientemente a tres individuos por su participación en un complejo esquema de fraude informático que dejó como saldo millonarias pérdidas y una severa alerta sobre la seguridad bancaria en Chile. Se trata de David Antonio Rodríguez Rojas, Jonathan Ignacio Pizarro Fuentealba y Sergio Rodrigo Neira Castro, quienes fueron hallados culpables por delitos cometidos en 2019 que afectaron a múltiples víctimas y vulneraron la integridad del sistema financiero.

El Modus Operandi: Phishing y Red de Transferencias

Según lo establecido en el fallo, la banda operó a través de suplantación de identidad en plataformas bancarias, obteniendo acceso ilícito a cuentas personales mediante técnicas de phishing y vulneración de dispositivos móviles. Los delitos se ejecutaron en cuatro eventos diferenciados, todos ocurridos entre mayo y julio de 2019.

Uno de los métodos más usados fue el envío de enlaces falsos o manipulación directa de datos personales para acceder a claves bancarias. Luego, los condenados efectuaban transferencias electrónicas hacia una red de cuentas asociadas o «prestas nombres», y desde ahí el dinero era dispersado rápidamente a otras cuentas o retirado en efectivo.

En varios casos, las víctimas eran contactadas por teléfono fingiendo ser ejecutivos de sus bancos para obtener información sensible. Una vez vulneradas las cuentas, el dinero era transferido sin autorización: sumas como $2.750.000, $3.000.000 y hasta $7.500.000 desaparecían de las cuentas de los afectados en minutos.

La Participación de los Condenados

• David Antonio Rodríguez Rojas fue sindicado como autor directo en varios episodios de fraude, participando tanto en la obtención de datos como en la ejecución de transferencias electrónicas. En dos casos se le condenó como coautor y en otro como cómplice.
• Jonathan Ignacio Pizarro Fuentealba fue considerado el principal articulador técnico y logístico de las operaciones. La evidencia lo ubicó operando desde la región del Biobío, coordinando movimientos de fondos y gestionando cuentas asociadas.
• Sergio Rodrigo Neira Castro fue condenado como autor del delito en el episodio relacionado con una transferencia fraudulenta de $2.750.000 desde una cuenta del Banco de Chile, donde se comprobó que utilizó una clave obtenida ilícitamente.

El tribunal consideró atenuantes como la irreprochable conducta anterior de los acusados, pero desestimó otras defensas, entre ellas que las transferencias pudieran haber sido ejecutadas por terceros no identificados.

Condenas e Indemnizaciones

Los acusados fueron condenados a penas de presidio remitido y al pago de costas. Además, se ordenó la restitución total de las sumas defraudadas a las víctimas. En total, las pérdidas ascienden a más de $13 millones, sin considerar los costos indirectos y daños colaterales.

La condena también consideró la imposición de medidas accesorias como la prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de asistir a programas de reinserción social.

El Rol del Banco y los Vacíos de Seguridad

El fallo reconoce que los hechos ocurrieron mediante acceso no autorizado a plataformas bancarias. Sin embargo, no hay referencia directa a eventuales responsabilidades de las entidades financieras involucradas. Algunas víctimas declararon haber sido alertadas demasiado tarde por los sistemas de seguridad del banco, o simplemente no haber recibido apoyo efectivo para revertir las transferencias.

Esto abre una interrogante relevante: ¿qué tan robustos son los mecanismos de autenticación en la banca chilena? ¿Existe una supervisión efectiva del cumplimiento de estándares mínimos de ciberseguridad? ¿Qué compensaciones se aplican cuando la negligencia institucional facilita el delito?

Un Llamado de Atención al Sistema

El caso 484-2024 es otro capítulo en el preocupante aumento de los delitos informáticos en Chile. Si bien el sistema judicial logró una condena, el proceso duró casi cinco años desde que se iniciaron los delitos, revelando lo lento que puede ser el camino para obtener justicia en estos casos. Además, deja expuesta la urgencia de modernizar los protocolos de seguridad digital tanto para usuarios como para entidades financieras.

El costo de estas fallas lo siguen pagando los ciudadanos, muchas veces con el respaldo tardío del Estado.