Denuncian irregularidades en revisión técnica de Bodegas San Francisco y emplazan al Colegio de Arquitectos

En una dura publicación en LinkedIn titulada “Cuando el revisor lidera el gremio y el sistema mira hacia otro lado”, la empresaria y directora de empresas Paula Behnke denunció graves irregularidades en la revisión técnica de Bodegas San Francisco (BSF), señalando directamente al presidente del Comité de Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos, Enrique Alejandro Barba Campos, por firmar un informe favorable a la empresa sobre un documento que —según consta en la causa judicial ROL C-20868-2024— no existe.

“El presidente del Comité de Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos aparece firmando un informe favorable donde afirma haber revisado un Estudio de Carga y Combustible que, según la respuesta judicial de la propia empresa, simplemente no existe”, escribió Behnke, añadiendo que el caso “pone en entredicho el prestigio de la revisión técnica y la ética del gremio”.

De acuerdo con la empresaria, la documentación entregada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel vía Ley de Transparencia, junto con un metaperitaje técnico encargado por su empresa, evidenciarían la existencia de documentos viciados. A ello se suma que el anterior director de obras de la comuna está siendo sumariado por múltiples permisos irregulares, procedimiento que —según Behnke— “sigue sin resolución”.

La empresaria acusa que BSF repite “un patrón de ambigüedad y tecnicismo vacío” que neutraliza los controles y posterga decisiones de fondo, incluso tras tres incendios graves y varios procesos judiciales. “Distintos nombres, los mismos dueños y las mismas prácticas”, sostuvo, aludiendo a empresas como Quildos y Los Laureles.

Behnke emplazó al Colegio de Arquitectos de Chile a pronunciarse sobre la conducta de su revisor:

“¿El Colegio de Arquitectos actuará, aplicará su código de ética o hará silencio y vista gorda? Ningún arquitecto ha salido a hablar. Ese silencio duele, porque hay cientos de profesionales que sí hacen bien su trabajo.”

Además, llamó a las autoridades competentes —entre ellas el MINVU, MINSAL, Dirección del Trabajo y las DOM— a fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad, advirtiendo que “hay personas en peligro real”. También pidió a la subsecretaria del MINVU, Gabriela Elgueta, instruir una auditoría técnica y transparentar sus resultados.

La empresaria recordó que los efectos administrativos de actos como los del caso BSF prescriben a los dos años, pero la responsabilidad penal no, y que su empresa Behnke SpA interpuso una demanda penal ya acogida contra el revisor Enrique Barba y la arquitecta Luz Arraño, una de las dueñas del proyecto.

“El país necesita revisar de raíz este sistema. Cuando quien debe fiscalizar se alinea con el poder y quien incumple dicta las reglas, la seguridad deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio”, concluyó.