Diputada Labra acude a Contraloría para que se fiscalicen millonarios traspasos del Gobierno a ONG Trekan

La diputada Paula Labra (RN) ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando una fiscalización de los millonarios recursos transferidos a la ONG Trekan, advirtiendo que “podría tratarse de un nuevo Caso Convenios”.

La parlamentaria detectó, tras una revisión en Mercado Público y en el Registro Central de Colaboradores del Estado, una serie de antecedentes en torno a la ONG. Según expuso, la fundación desde 2016 ha recibido fondos públicos, pero el 86% de ellos —$6.688.951.755— fueron traspasados durante el actual Gobierno.

Si se consideran los datos del Registro Central de Colaboradores del Estado, la ONG suscribió acuerdos por $507 millones y $394 millones en 2020 y 2021. Significativamente menos que los $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones de los convenios en los años siguientes.

En 2023, Trekan se adjudicó más de $770 millones a través de dos licitaciones del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, financiadas con recursos del Gobierno Regional de Antofagasta.

“Estamos frente a hechos que no son menores. Hay antecedentes confusos y prácticas relativas a procesos de adjudicación que, al menos, deben ser aclaradas. Por lo mismo hemos recurrido a Contraloría para que haga un control de legalidad. Es perfectamente posible que el caso de esta ONG se convierta en un nuevo Caso Convenios”, aseguró la diputada Labra.

Además, la parlamentaria cuestionó que el presidente del directorio sea Jonatán Fuentealba, hermano de Isaac Fuentealba, exasesor de Jaime Bassa en la Convención Constitucional y excandidato a concejal por el Frente Amplio en Viña del Mar.

“Las contrataciones no se hacen a dedo”

Al respecto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, descartó irregularidades por el explosivo aumento en los millonarios traspasos hechos durante el actual gobierno a la ONG.

“Tenemos completa tranquilidad de que en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, todos los ejecutores que forman parte primero están siendo monitoreados por el sistema Sisrec (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) de Contraloría, cosa que hicimos antes de que fuera una exigencia a propósito del caso Convenios”, indicó Orellana.

Así, agregó: “En segundo lugar, de que los ejecutores son asignados a través de concurso público y en tercer lugar, que hemos privilegiado siempre tener ejecutores públicos y que, por lo tanto, llegamos con uno privado ahí donde no tenemos oferentes del sector público”.

“Todos los servicios han sido licitados, es decir, las contrataciones no se hacen a dedo, sino a través de un concurso público con distintos oferentes en donde se entregan opciones”, aseveró.