El hombre que se enfrenta solo al sistema: la historia de Horacio Celedón y su lucha por justicia en Chile
Durante 14 años, Horacio Celedón ha librado una batalla solitaria contra bancos, aseguradoras y el propio sistema judicial. Su denuncia, hoy ingresada al Congreso, expone una trama de colusión financiera, corrupción institucional y violaciones a la Constitución que, según él, le costaron el patrimonio de toda una vida.
Un ciudadano contra el poder
Horacio Celedón Fernández tenía una vida hecha. Ingeniero comercial, empresario y padre de familia, había logrado construir su patrimonio con años de trabajo. Pero a partir de 2011, todo cambió.
Ese año —según los documentos que hoy acompañan su denuncia ante el Congreso— fue víctima de lo que describe como una “colusión entre un banco y una sociedad de garantías recíprocas”, que habría derivado en una pérdida patrimonial cercana a los $1.920 millones y, a valor presente, más de $60.000 millones.
La historia que cuenta Celedón no es solo la de un conflicto financiero: es una radiografía de cómo un ciudadano común puede quedar atrapado en el laberinto de la burocracia, la impunidad y la falta de fiscalización.
La operación que terminó en ruina
El caso comenzó con una línea de crédito por $420 millones, aprobada por el Banco Security y afianzada por la sociedad de garantías recíprocas ProAval, continuadora de Multiaval, instituciones privadas que operan con fondos públicos de CORFO destinados a apoyar a las pymes.
Según Celedón, estas entidades duplicaron unilateralmente el valor de las cuotas y comenzaron a exigir pagos por créditos que nunca fueron depositados en sus cuentas. En cuatro años, pagó más de $300 millones sin haber recibido los fondos comprometidos, y terminó perdiendo su casa, hipotecada como garantía.
“Nos hicieron firmar pagarés en blanco y luego los llenaron por montos arbitrarios. La operación fue un fraude en toda regla. Y cuando denunciamos, el sistema entero se cerró para protegerlos”, afirma Celedón.
El silencio de las instituciones
Los antecedentes presentados muestran una cadena de respuestas formales —y de silencios— de distintas instituciones del Estado. Entre ellas, la Fiscalía Nacional, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que recibieron sus presentaciones entre marzo y septiembre de 2025 sin que, según Celedón, se adoptaran medidas efectivas.
En una de las cartas, la CMF reconoce que no tiene facultades fiscalizadoras sobre las sociedades de garantías recíprocas, pese a que administran recursos públicos de CORFO.
“No fiscalizamos cómo evalúan los riesgos de los clientes que avalan ni los montos que pagan”, respondió el organismo.
La Corte Suprema, por su parte, rechazó sus recursos sin pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, mientras el Ministerio Público y el CDE —según consta en los documentos entregados— omitieron investigar la presunta falsificación de resoluciones judiciales.
Una denuncia que sube al Congreso
Cansado de puertas cerradas, Horacio Celedón decidió llevar su caso al Congreso Nacional.
El 7 de octubre de 2025, presentó una denuncia formal por violación a la Constitución contra el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y comisionados de la CMF, acusándolos de omisión de denuncia, encubrimiento y prevaricación.
“Es difícil encontrar en la historia democrática de nuestro país una crisis institucional tan grave. No hay autoridad, en ningún poder del Estado, que no haya violado la Constitución en los últimos años”, escribió en su carta a los parlamentarios.
Celedón pidió que el Congreso asuma su rol fiscalizador y denunció que “la corrupción está destruyendo el alma nacional”.
El sistema de garantías bajo sospecha
El caso también expone una zona gris del sistema financiero chileno.
Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) —creadas por la Ley 20.179 en 2007— permiten a pymes acceder a créditos respaldados por fondos públicos. Pero, como señala Celedón, su escasa fiscalización y la facilidad para ejecutar fianzas las convierten en un terreno fértil para abusos.
“Estas sociedades operan con recursos de CORFO que deben pagar en menos de diez días ante el impago de un crédito. Pero nadie revisa cómo gestionan esos fondos ni cómo seleccionan a quién avalan”, señala Celedón.
Estudios internos de CORFO —citados por el denunciante— estiman que el Estado ha entregado más de US$5.000 millones a estas sociedades, de los cuales solo el 20% habría sido recuperado.
Una lucha solitaria
Horacio Celedón tiene hoy 82 años. Vive en Santiago y dedica sus días a ordenar los cientos de documentos que respaldan su caso.
Dice que no busca compensaciones, sino justicia:
“No quiero dinero. Quiero que el país sepa cómo operan estos sistemas, cómo se protege a los poderosos y cómo un ciudadano común puede ser destruido sin que nadie responda”.
Su historia —con cartas, resoluciones y respuestas oficiales— es también la historia de un país que a veces olvida a quienes luchan desde el margen.
En su último escrito, Celedón concluye con una frase que resume su cruzada:
“Así como no se puede construir sobre arena, tampoco un país puede hacerlo sobre una moral pública putrefacta. El crimen perfecto no existe: las huellas están ahí, esperando que alguien las quiera ver”.
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