FNE detecta fallas en competencia del sistema de educación superior y advierte que 35% de carreras tiene retorno económico negativo

La Fiscalía Nacional Económica propuso nueve medidas para mejorar la competencia, la información disponible para los estudiantes y la eficiencia del sistema.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el informe preliminar de su noveno Estudio de Mercado, centrado en la educación superior de pregrado en el período 2007-2023, donde analizó el comportamiento de 126 instituciones —universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica— y sus efectos en la competencia del sector.

El estudio identificó tres principales limitantes para la libre competencia:

  1. Problemas en la toma de decisiones de los estudiantes,

  2. Fallas en la información que entregan las instituciones, y

  3. Barreras regulatorias que obstaculizan el funcionamiento competitivo.

Según la FNE, estos factores hacen que las decisiones de los estudiantes no siempre se traduzcan en mejores oportunidades laborales ni en mayores ingresos respecto de no cursar estudios superiores.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el 35% de las carreras actualmente disponibles presenta un retorno económico negativo, y que cerca del 40% de los estudiantes en 2023 ingresó a programas de ese tipo.

Brechas de género y desalineación con el mercado laboral

El informe reveló además que dos de cada cinco personas trabajan en áreas poco o nada relacionadas con sus estudios, y que una de cada dos declara estar sobrecalificada.

La FNE también constató una brecha significativa entre hombres y mujeres: los primeros tienden a escoger carreras con mayores retornos económicos. En promedio, los retornos de las carreras que estudian los hombres son 4,5 veces mayores que los de las mujeres, lo que —según el estudio— explicaría parte de la brecha salarial en el mercado laboral.

Fallas en información y transparencia

El organismo detectó que las instituciones no entregan información suficiente ni comprensible sobre aspectos relevantes para los postulantes, como tasas de empleabilidad, niveles de ingreso, duración efectiva de los programas o satisfacción de egresados. Esto impide a los estudiantes tomar decisiones informadas y reduce los incentivos para que las instituciones compitan en calidad o eficiencia.

Barreras regulatorias

La FNE advirtió que las universidades estatales enfrentan rigideces operativas que pueden afectar su desempeño competitivo. Asimismo, señaló que el Aporte Fiscal Directo (AFD) se asigna principalmente con criterios históricos (95%), lo que desincentiva mejoras de gestión y calidad.

El estudio también observó que existen más de 5.000 programas de pregrado, muchos de ellos similares en contenidos, lo que dificulta la elección informada de una carrera.

Recomendaciones de la FNE

La Fiscalía formuló nueve recomendaciones orientadas a mejorar la competencia y la toma de decisiones en el sistema:

1. En orientación y decisión de carrera:

  • Reforzar la orientación vocacional desde la enseñanza media.

  • Capacitar a docentes en el uso de herramientas informativas.

  • Crear un sistema personalizado con datos de empleabilidad, ingresos, aranceles y tasas de deserción.

2. En transparencia e información:

  • Implementar una plataforma digital centralizada, basada en Mifuturo.cl, para comparar carreras.

  • Establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación.

  • Incorporar la satisfacción estudiantil y el valor agregado de los programas como criterios de acreditación.

3. En barreras regulatorias:

  • Modernizar el régimen aplicable a las universidades estatales.

  • Modificar la asignación del AFD para basarla en indicadores objetivos.

  • Actualizar las definiciones de títulos y grados, crear un suplemento al diploma y facilitar la movilidad estudiantil.

Impacto estimado

La FNE calcula que si estas medidas redujeran en 10% la deserción estudiantil y en igual proporción la matrícula en carreras con retorno negativo, los beneficios para familias y el Estado alcanzarían US$ 852 millones anuales, equivalentes al 13% de los ingresos del sistema de educación superior.

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El Periodista