El gobierno ingresó el pasado viernes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, con el fin de reforzar su capacidad de fiscalización sobre organismos del Estado.
Según informó La Tercera, la iniciativa surgió tras distintos casos detectados por la entidad, como el de funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas para ausentarse del país, lo que expuso limitaciones legales en los mecanismos de control.
La propuesta, elaborada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en conjunto con la Contraloría, pretende modernizar la Ley Orgánica del organismo e incorporar nuevas facultades, especialmente en materia de acceso a información financiera y responsabilidad administrativa.
Secreto bancario y mayor fiscalización
Uno de los cambios más relevantes es que la Contraloría podrá levantar el secreto bancario respecto de las cuentas institucionales de servicios públicos, permitiéndole solicitar directamente información a bancos y entidades financieras sobre operaciones o inversiones del Estado.
Si los organismos no entregan la información solicitada, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá aplicar sanciones. Además, las instituciones fiscalizadas deberán reportar mensualmente los saldos de todas sus cuentas bancarias y mantenerlos disponibles para inspecciones.
El proyecto también amplía la fiscalización hacia corporaciones y asociaciones municipales y regionales, transformándolas en entidades sujetas a control administrativo. En casos graves, la Contraloría podrá solicitar al Tribunal Electoral Regional o al Tricel la remoción de alcaldes o gobernadores por faltas al principio de probidad o abandono de deberes.
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que la reforma busca “fortalecer algunas facultades de la Contraloría en términos de acceso a la información, la posibilidad del levantamiento del secreto bancario de las cuentas de los servicios, algunos temas en materia de responsabilidad administrativa y la facultad de los sumarios”.
Asimismo, indicó que la medida responde a los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, impulsada por el Ejecutivo, y que recoge “propuestas planteadas por la propia contralora” para mejorar los estándares de transparencia en el sector público.
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