Lanzan campaña por reducción de combustibles fósiles que posicionaría a Chile como líder en COP30

Agrupaciones ambientalistas chilenas junto a representantes del gobierno de Colombia lanzaron la campaña “Chao combustibles fósiles: ¡Soberanía energética ya!”. A través de una conferencia online, se postuló que Chile podría asumir un rol de liderazgo internacional en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), a desarrollarse en Brasil el próximo mes.

La idea es que Chile acepte el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF). La campaña nace porque el Acuerdo de París – que incluye a Chile- no tiene menciones específicas a este tipo de fuentes energéticas contaminantes y que, de seguir explotándose, podrían elevar la temperatura del planeta por sobre los 1,5°C.

De comprometerse con esta alianza, nuestro país podría tener un rol clave rumbo a todo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) 2025 a desarrollarse en noviembre en Brasil.

El lanzamiento contó con exposiciones del ambientalista Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa TNPCF; Luisa Umaña, asesora del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la República de Colombia -país que destaca por su campaña en el Cono Sur-; y Eduardo Giesen, del Colectivo VientoSur y coordinador para América Latina y el Caribe de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática. Este último organismo será el encargado de promover el acuerdo en el país.

Declaraciones

Durante el evento, Gómez destacó el rol chileno en materias ambientales y destacó las posibilidades de un papel protagónico del Estado. “Chile se hizo parte de la Alianza por la Salida del Carbón (PPCA) y también de la Alianza más allá del Petróleo y Gas (BOGA). El Gran Santiago tiene una propuesta de electromovilidad pública que es referente global. Vamos a tener esta próxima COP que se acerca ya en un mes en Brasil y allí Chile podría ser uno de los precursores y promotores de la idea de construir este acuerdo global”.

Por su parte, Umaña destacó las ventajas de colaboración internacional del tratado. “Queremos avanzar en un camino vinculante jurídicamente y que nos permita reconocer las diversidades, las diferencias y avanzar en lo que llamamos la democracia energética”, sostuvo.

Desde Chile, Eduardo Giesen añadió que “lo que nosotros estamos buscamos, junto con promover que Chile se sume a la iniciativa del tratado, es también promover una transición energética justa que esté centrada en el bienestar público, en la soberanía territorial, en la sustentabilidad y la equidad social”.

Cifras y desafíos futuros

Chile ocupa un rol clave en la transición energética, con una inversión de US$3,8 millones en 2025 para construir centrales, obras de transmisión y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, ambientalistas advierten que el proceso mantiene un enfoque extractivista, ya que estos montos incluyen proyectos de plantas hidroeléctricas y parques eólicos que generan conflictos ambientales, territoriales, culturales y con pueblos indígenas, volviendo la transición menos justa para las comunidades.

Durante el lanzamiento también se recalcó que Chile ha ido aumentando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), superando con creces su absorción. Desde los 90 al 2022 se registró un promedio anual de liberación de esos gases por casi 50 mil kt CO2 equivalente.

Al hablar de emisiones por industrias, la última cifra medida alcanza los 80 mil kt CO2 equivalente al año, producto de industrias como la energía, manufacturas y construcción, transporte, petróleo y gas natural, combustibles sólidos y otros.

En ese sentido, las agrupaciones que promueven la aceptación del tratado aseguran que si Chile se compromete con esa alianza y además, se toman medidas para una transición energética más justa con las comunidades, existen amplias posibilidades de invitar a otros estados a imitar su ejemplo en la COP30 de Brasil.

Por último, cabe señalar que el TNPCF está respaldado actualmente por 17 estados-nación y Colombia tiene un rol protagónico a nivel latinoamericano. La idea es sumar a Chile en estos esfuerzos y promover el texto como un acuerdo complementario al Acuerdo de París de 2015.