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Más de 20 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por negarse a utilizar fondos de emergencia que evitarían la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuya financiación expira esta semana.
Los estados demandantes —entre ellos Massachusetts, Nueva York, Washington, Pensilvania y el Distrito de Columbia— pidieron al tribunal que declare que el Departamento de Agricultura (USDA) está obligado a entregar los beneficios del SNAP ya aprobados por las agencias estatales para noviembre de 2025.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó la decisión del Gobierno federal, argumentando que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios en este momento”, en medio del cierre administrativo parcial del Ejecutivo.
La acción judicial también incluye a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, entre los demandados.
El SNAP asiste a cerca de 42 millones de ciudadanos de bajos ingresos en todo el país. Su posible interrupción ha generado alarma entre los gobiernos locales y organizaciones sociales. Aunque Trump aseguró la semana pasada que podría redirigir recursos para evitar la suspensión, su oficina comunicó posteriormente al Congreso que no lo haría ni buscaría acceso a los fondos de emergencia.
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