
Milei enfrenta denuncia penal por afirmar que encarceló a Cristina Fernández
La denuncia presentada en los tribunales federales de Buenos Aires, señala que la afirmación del presidente "representa una forma de cooptación discursiva del Poder Judicial, pues sugiere que los jueces actúan bajo directrices políticas emanadas del Poder Ejecutivo".
El presidente argentino, Javier Milei, fue denunciado ante la justicia penal por abuso de autoridad, luego de afirmar que fue él quien decidió encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), informó uno de los abogados de la exmandataria que presentó la demanda, Gregorio Dalbón.
«La denuncia que se presentó es en virtud de las palabras del presidente: «yo metí presa a Cristina», explicó el letrado.
El mandatario afirmó en la noche del domingo que la renuncia del principal candidato del oficialismo a las elecciones parlamentarias del 26 de este mes, el diputado José Luis Espert, por su vínculo con un empresario detenido por narcotráfico, se produjo por una «venganza» del kirchnerismo, principal fuerza opositora.
«Usted tiene desde febrero, marzo de este año, al kirchnerismo tirando con todo lo que hay, recrudecido porque la condenada (Cristina Fernández) está presa; le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa», aseguró Milei en el canal LN+.
Según el abogado de la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión y ser inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, «esto realmente afecta el art. 1 y 109 de la Constitución nacional, y constituye delito de abuso de autoridad, de acuerdo al art. 248 del Código Penal».
«En un país democrático, que no haya división de poderes es muy preocupante. Es de una gravedad institucional pocas veces vista, y además nos deja parados frente a una confesión de lawfare (persecución judicial)», sostuvo Dalbón.
De acuerdo al letrado, la de Milei es la «primera confesión que se hace en América Latina de lawfare, porque un presidente no puede poner presa a una expresidenta ni a ningún ciudadano».
«Lo que entendemos es que el lawfare está constituido y que va a ser una de las principales circunstancias que se van a poder ponderar en un futuro recurso de revisión para que se anule la sentencia de Cristina», afirmó Dalbón.
En esta interpretación de los hechos, el abogado consideró que el presidente argentino «acudió a la Corte Suprema para que en 70 días hiciera lo que hizo: dejar una sentencia firme cuando tenía que haberla mínimamente estudiado por tantas irregularidades y tantos temores de parcialidad que habían propuesto los abogados de Cristina en su momento», refirió.
Ese temor de parcialidad, que expuso el defensor de la exmandataria Carlos Beraldi a lo largo del juicio en su contra, «está justificado por las palabras del presidente Javier Milei», asumió quien representa a Cristina Fernández en algunas causas civiles.
La denuncia presentada en los tribunales federales de Buenos Aires, señala que la afirmación del presidente «representa una forma de cooptación discursiva del Poder Judicial, pues sugiere que los jueces actúan bajo directrices políticas emanadas del Poder Ejecutivo».
«Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo», añade la presentación.
Con tres integrantes de los cinco que deberían conformarla, la Corte Suprema argentina ratificó el 10 de junio, por unanimidad, la condena en doble instancia contra Fernández por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa conocida como «vialidad» que investigaba irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gestión en la provincia de Santa Cruz.
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