Perú acuerda reforma policial y judicial para enfrentar criminalidad

El Acuerdo Nacional de Perú (ANP), foro de diálogo impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros, acordó este martes promover una reforma integral de la Policía Nacional como parte de una estrategia para enfrentar la creciente criminalidad que afecta al país.

Según la Secretaría Ejecutiva del ANP, la propuesta busca “reforzar la carrera policial, estructurando líneas especializadas, promoviendo la vocación de servicio, los valores institucionales y la eficacia en la acción preventiva y represiva”.

Durante la reunión, en la que participaron representantes del Estado, partidos políticos, organizaciones sociales y religiosas, se definieron acciones a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, se plantea la suspensión temporal de los efectivos bajo investigación, protección legal para el personal policial y la publicación periódica de informes de rendición de cuentas.

Entre las medidas de mediano plazo, el foro propuso implementar un plan de carrera meritocrático, fortalecer la formación académica con énfasis en valores, fomentar la especialización funcional y la investigación criminal. A largo plazo, se contempla una distribución estratégica de comisarías y la construcción de módulos policiales adaptados a las distintas regiones del país.

El ANP también acordó una acción articulada entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con el Ministerio Público, la Defensoría y los gobiernos regionales y locales, para definir una estrategia común con enfoque territorial frente a la delincuencia.

Además, se plantearon mejoras en el sistema penitenciario, incluyendo el control de comunicaciones, la clasificación de internos, el uso de grilletes electrónicos y la ampliación de la infraestructura carcelaria.

Finalmente, el Acuerdo Nacional destacó la necesidad de reformar el sistema de justicia penal mediante la revisión integral del Código Penal, el fortalecimiento de la independencia y especialización de jueces y fiscales, y la aplicación de controles internos anticorrupción en el Poder Judicial.