¿Quién paga por el fracaso de la Fiscalía en el caso SQM?

Casi 11 años. Miles de páginas. Peritajes, escuchas, audiencias, formalizaciones. Y al final, nada. El caso SQM, el que alguna vez se perfiló como el gran emblema de la lucha contra la corrupción político-empresarial en Chile, terminó este miércoles 22 de octubre con la absolución de todos los imputados. Ni un día de cárcel. Ni una condena. Ni siquiera una responsabilidad menor. Solo una sentencia clara: la Fiscalía no pudo probar lo que durante casi una década se encargó de sostener con convicción ante la opinión pública.

El fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fue tajante. No hubo delito tributario. No hubo falsificación. No hubo fraude. Se desarmó pieza a pieza el argumento acusador en un juicio que más bien terminó por evidenciar las debilidades estructurales del Ministerio Público y, peor aún, su desconexión con el sentido de justicia que espera la ciudadanía.

Pero más allá del resultado judicial —que debe ser respetado—, la pregunta que queda flotando con fuerza es otra: ¿quién paga por este monumental fracaso?

Porque aquí no solo se trató de perseguir, durante años, a un grupo de expersoneros políticos y ejecutivos con hipótesis que terminaron en el tacho de la basura. También se dilapidaron millones de pesos en recursos públicos. Funcionarios, fiscales, horas hombre, viajes, asesorías, juicios extensos. Todo costeado por el Estado. Es decir, por todos nosotros.

¿Quién responde ante los contribuyentes por este uso infructuoso de fondos fiscales? ¿Habrá alguna evaluación interna? ¿Alguien ofrecerá disculpas? ¿O seguiremos como si nada, archivando otro caso emblemático que partió con portadas y terminó en silencio, como ha ocurrido demasiadas veces ya?

Es legítimo perseguir delitos, incluso los más difíciles. Es deber del Estado. Pero también es imperativo que esa persecución sea seria, fundada, responsable. No para exhibirse en ruedas de prensa, ni para complacer el clamor mediático. Porque cuando no lo es, el costo no solo es monetario. Es institucional. Se erosiona la fe pública. Se debilita la confianza en la justicia. Se alimenta la desafección ciudadana.

El caso SQM fue una oportunidad histórica para sincerar las relaciones entre dinero y política, para evidenciar —y castigar— los abusos del poder. Hoy sabemos que esa oportunidad se perdió. Y no por falta de pruebas necesariamente, sino por una cadena de decisiones investigativas erráticas, por falta de estrategia, por un diseño que puso más énfasis en la espectacularidad que en la solidez probatoria.

El Ministerio Público necesita una reforma profunda. Una que no solo le dé más recursos, sino que también le exija rendición de cuentas. Porque en democracia, la impunidad no solo ocurre cuando los culpables se van libres. También cuando los órganos del Estado fallan gravemente… y nadie se hace cargo.

Y aquí, como tantas veces, nadie paga.