
RN pide revisar adjudicación del CNTV a productora vinculada a pareja de ministra Arredondo
Parlamentarios oficiaron a la contralora Dorothy Pérez por la entrega de más de $600 millones a Mazal Producciones, productora vinculada a la pareja de la titular de las Culturas y a una funcionaria clave del CNTV.
La bancada de diputados de Renovación Nacional envió un oficio a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para que se pronuncie sobre “eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa y conflictos de interés en adjudicación de fondos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV)”, particularmente en el caso de la productora Mazal Producciones.
Según expusieron los parlamentarios Frank Sauerbaum, Carla Morales, Eduardo Durán y Jorge Durán, durante el proceso de adjudicación del Fondo CNTV 2025, la productora resultó ganadora del monto más alto del certamen, obteniendo $603.873.249 para la realización de la miniserie histórica “Prat, el hombre detrás del héroe”.
En el documento, los parlamentarios señalan que Ronald Heim, director de contenidos de la empresa, mantiene una relación de pareja con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, cartera que coordina institucionalmente con el CNTV las políticas de fomento audiovisual.
El oficio también apunta a Magdalena Tocornal, quien fue productora ejecutiva en Mazal Producciones hasta septiembre de 2024 y posteriormente asumió como directora del Departamento de Fomento del CNTV, unidad a cargo de coordinar los concursos de fondos públicos en los que la misma productora resultó beneficiada.
Pese a que el CNTV informó que Tocornal se inhabilitó formalmente, el oficio advierte que “de acuerdo con antecedentes publicados por El Líbero y The Clinic, distintas fuentes aseguran que participó en reuniones preparatorias y en la presentación de las bases del concurso ante el Consejo Nacional, sin que todos los consejeros hubiesen sido informados oportunamente de su relación laboral anterior con la productora beneficiada”.
En esa línea, los legisladores subrayan que “la intervención de la Jefa del Fondo, en cualquier grado, vicia el procedimiento por falta de la imparcialidad exigida”, recordando que la Ley N°19.880 obliga a abstenerse a quien haya prestado servicios a la entidad interesada en los dos años previos.
Asimismo, sostienen que “la relación entre el ejecutivo de la productora y la ministra de las Culturas constituye una circunstancia que resta imparcialidad al proceso”, de acuerdo con la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública.
Por ello, el oficio solicita a la Contraloría determinar si corresponde “instruir la invalidación del acto administrativo de adjudicación de fondos a Mazal Producciones” y establecer posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Finalmente, los diputados recalcaron que su deber constitucional es “velar por la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos”, advirtiendo que casos como este “ponen en entredicho la objetividad e imparcialidad que deben regir en todo proceso de asignación de fondos del Estado”.
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