1° Juzgado de Garantía de Santiago decreta prisión preventiva para funcionarios de la PDI imputados por asociación criminal y tráfico de drogas
Ocho integrantes de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, junto a un civil, fueron enviados a prisión preventiva tras ser formalizados por delitos que incluyen tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos públicos, malversación de caudales y receptación aduanera. La investigación tendrá un plazo de 180 días.
El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles la prisión preventiva de ocho imputados —siete funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil— acusados por el Ministerio Público de integrar una asociación criminal que habría operado entre 2024 y 2025 al interior de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto.
Los imputados son Felipe Burgos Gallardo, Catalina Cáceres Cáceres, Cristóbal Machuca Padilla, Diego Muñoz Pineda, Jaime Urrutia Rodríguez, Shiara Hernández Rocha, Agustín Moreno Guidotti y Sebastián Illanes Cifuentes, formalizados como autores de los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, contrabando y receptación aduanera.
En la audiencia (causa rol 2799-2025), el juez Fernando Guzmán Fuenzalida ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva, al considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de las diligencias.
Una organización criminal dentro de la PDI
De acuerdo con la Fiscalía, dentro de la Bicrim de Puente Alto habría operado un grupo organizado compuesto por subcomisarios, inspectores, una subinspectora y un agente policial, coordinados con un civil, con el objetivo de obtener ganancias económicas mediante la comisión sistemática de delitos.
Los imputados habrían aprovechado su jerarquía institucional, sus funciones y el acceso a recursos de la PDI para proteger y facilitar las actividades ilícitas. La investigación sostiene que actuaban de manera concertada y con reparto de roles.
Los delitos atribuidos
Entre los ilícitos detallados por el Ministerio Público se encuentran:
- Apropiación de dineros bajo custodia derivados de procedimientos policiales.
- Falsificación de documentos públicos para encubrir esas apropiaciones.
- Retención y comercialización de cigarrillos incautados en operativos.
- Tráfico y apropiación de sustancias ilícitas obtenidas en procedimientos policiales.
La gravedad de los delitos y la eventual afectación a la fe pública llevaron al tribunal a mantenerlos privados de libertad mientras avanza la investigación.
El caso constituye uno de los episodios más delicados recientes al interior de la PDI, al involucrar directamente a funcionarios operativos de una unidad territorial, y abre un nuevo flanco respecto de los mecanismos internos de control y supervisión institucional.
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