
Argentina ordena confiscar bienes de Cristina Fernández por caso Vialidad
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de propiedades de la exmandataria, sus hijos y el empresario Lázaro Báez por más de 684.000 millones de pesos. Además, estableció un nuevo y estricto régimen de visitas mientras Fernández cumple arresto domiciliario.
El Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires ordenó este martes el decomiso de bienes pertenecientes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el marco del denominado caso Vialidad. La medida incluye un inmueble a su nombre, un amplio conjunto de propiedades registradas a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, así como activos vinculados al empresario Lázaro Báez y a varias de sus compañías.
En total, el tribunal dispuso la confiscación de bienes por un valor estimado de 488,404.31 millones de dólares , pese a las objeciones presentadas por Fernández la semana pasada. La exmandataria alegó que la mayoría de las propiedades fueron adquiridas mucho antes del inicio de la causa y denunció una persecución política y judicial.
La orden alcanza también inmuebles de empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, y Loscalzo y Del Curto, todas ellas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, según informó el canal argentino Todo Noticias.
Los jueces afirmaron que la medida “se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino”, y busca impedir que un delito comprobado genere beneficios económicos, además de cumplir una “función reparadora del daño social causado”.
En total, la familia Kirchner perderá 20 propiedades —casi todas a nombre de los hijos de la exmandataria—, mientras que Báez dejará de poseer más de 80 bienes.
En paralelo, el mismo tribunal definió un nuevo régimen de visitas para Fernández, quien cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años por haber favorecido a un empresario allegado con obras viales millonarias durante su gobierno. La exmandataria insiste en que el proceso en su contra responde a una persecución.
El nuevo protocolo limita las visitas a un máximo de tres o cuatro personas simultáneas, en no más de dos ocasiones por semana. Además, se solicitó un listado de familiares directos, custodias, médicos tratantes y abogados, quienes podrán ingresar sin autorización judicial. Cualquier otra persona no incluida en ese registro deberá pedir permiso formal para visitarla, detalló Todo Noticias.
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