
Cámara de Diputados aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos
La iniciativa pasa al Senado.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley de Tránsito para restringir la obtención y renovación de licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Placencia junto a un grupo transversal de parlamentarios, ahora continuará su tramitación en el Senado.
El texto, que ya había sido aprobado en general en septiembre, volvió a la Comisión de Mujeres para revisar indicaciones presentadas, las que finalmente fueron rechazadas tanto en comisión como en la Sala. Con ello, se ratificó la versión original de la propuesta.
La reforma establece que los Departamentos de Tránsito deberán verificar que los solicitantes no estén inscritos en el registro de deudores al momento de pedir una licencia. Además, ordena cancelar aquellas licencias ya vigentes si sus titulares ingresan al registro posteriormente. Para ello, las direcciones municipales deberán revisar mensualmente la nómina y notificar la cancelación por vía electrónica o carta certificada.
Tampoco podrán renovar su licencia quienes se encuentren en el registro. Una vez que regularicen su situación y sean eliminados de él, podrán solicitar nuevamente el documento sin tener que esperar los dos años que exige la ley para otras causales de cancelación.
Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores destacaron la relevancia de la medida para promover el cumplimiento de las obligaciones parentales. Según cifras citadas en la Sala, entre 2022 y 2024 unas 3.400 personas inscritas en el registro obtuvieron o renovaron licencias, acumulando en conjunto más de $17 mil millones en pensiones impagas. Además, en el 70% de los municipios no se habría aplicado adecuadamente la normativa vigente.
Por ello, se valoró el avance del proyecto, señalando que no busca castigar, sino reforzar el cumplimiento de la ley y cerrar vacíos que han permitido que deudores accedan a permisos que deberían estar restringidos.
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