La fuerza de los hechos consumados hace que, desde fuera, España se vea como un país normal, parecida a los demás estados, con una suficiente cohesión nacional; pero desde dentro, aflora por todas partes el conflicto permanente entre dos naciones: por un lado Castilla y los territorios que ha absorbido y, por otro lado, la parte de Cataluña que está en España, con capital en Barcelona (Cataluña tiene otra parte en el Estado francés, con capital en Perpinyà) y los territorios hermanos en los que también se habla el catalán (País Valencià e Illes Balears).
Castilla y Cataluña son nacionalmente diferentes, hablan lenguas diferentes, hay formas de ser diferentes y, si formaran parte de diferentes estados, como lo fueron en el pasado, todo el mundo lo encontraría ajustado a la realidad. Luego también hay dos realidades más pequeñas que no acaban de encajar dentro de España: País Vasco y Galicia.
Es decir, que el Estado español no ha logrado un sentimiento común, debido a las diferencias preexistentes y por una constante actitud impositiva y no respetuosa. Cataluña nunca aceptó esta anexión violenta. Castilla ha intentado disimular sus imposiciones, pero cada 50 años ha tenido que sofocar violentamente las revueltas sociales e intentos de independencia de Catalunya. Esto sucede desde hace tres siglos: La penúltima vez había sido la Guerra española y la dictadura de Franco (1936-1975) y la última desde 2017 hasta la fecha con la represión del actual movimiento independentista.
De 2010 a 2017, Cataluña intentó negociar un referéndum acordado con España, pero dada la negativa constante y sin alternativas de Madrid, en 2017, el pueblo catalán organizó un referéndum de autodeterminación unilateral. Madrid envió a 10.000 policías para reprimir el referéndum, pero este se acabó celebrando por la determinación del pueblo y, pese a todos los impedimentos, votaron 2,3 millones de personas con un 90% a favor de la secesión. Por eso el 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán declaró solemnemente la independencia de Cataluña, que sigue políticamente vigente. El único motivo por el que no se hizo efectiva fue porque España lo impidió con toda la fuerza de la ley, la policía y la amenaza del ejército de que habrá un baño de sangre.
Ocho años después, España sigue imponiéndose por la fuerza y no ha ofrecido solución alguna ni alternativa. Madrid simplemente ha ignorado la voluntad catalana y su único objetivo es pacificar la sublevación de la colonia y normalizar la situación según sus intereses nacionales y extractivos. Está haciendo valer todos los elementos subliminales posibles para diluir e intentar hacer desaparecer el hecho diferencial catalán que persiste desde la fundación del Estado español.
En recuerdo de la declaración de independencia de Cataluña, un grupo de activistas han caminado durante 15 días, recorriendo los 215 km desde Salses (en la Cataluña situada en el Estado francés) para llegar a Barcelona el pasado 27 de octubre y dejar claro que, el sentimiento catalán de no querer ser gobernados por otros, continua intacto.
Y esto sucede al tiempo que el partido Junts, independentista catalán, de Carles Puigdemont (el que era Presidente de Catalunya en el 2017), acaba de retirar su apoyo imprescindible para que el gobierno de Pedro Sánchez tenga mayoría parlamentaria. Hasta ahora le había dado apoyo esperando que podría pactar con él: el fin de la persecución judicial, el fin del expolio económico de Cataluña, las gestiones de España para conseguir la oficialidad de la lengua catalana en la UE, el reconocimiento del conflicto político entre Cataluña y España y, sobre todo, una salida democrática para ejercer la autodeterminación con garantías de respecto por parte de España.
El gobierno de Sánchez había hecho muchas promesas y ha ido aprobando, con el freno de mano puesto, algunas medidas, pero siempre asegurándose de que el contexto no permitiera que llegaran a suponer ningún avance significativo. Por eso, finalmente Junts se ha visto obligado a retirarle el apoyo y, a partir de ahora, Sánchez no tiene mayoría para aprobar nada, aunque ya ha manifestado que, a diferencia de lo que ocurriría en cualquier otro país europeo, no disolverá el gobierno, ni convocará elecciones, sino que intentará seguir en el gobierno como pueda.
Por lo tanto, este gobierno podría caer en cualquier momento y el único argumento que esgrime para continuar, a pesar de su insostenible fragilidad, es el espantajo de que la alternativa sería un gobierno de extrema derecha (PP y VOX). Pero el gobierno de Sánchez igualmente no está queriendo encarar el problema estructural que tiene el estado cuando ignora y simula que no existe la determinación catalana de dejar de ser un pueblo súbdito de Madrid y poder gobernarse como cualquier otra nación de Europa.
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