Colombia defiende operativos y acusa a menores reclutados de participar en actos terroristas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que varios adolescentes muertos en recientes acciones militares estaban intentando atacar a soldados y policías, y advirtió que todos los grupos armados utilizan menores en combate. El Gobierno insiste en mantener las operaciones pese a las críticas.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró este martes que parte de los menores muertos en recientes operativos militares contra grupos armados fallecieron mientras intentaban “matar” a soldados y policías, y no como consecuencia directa de bombardeos. En conversación con Caracol Radio, el ministro subrayó que las Fuerzas Militares continuarán “empleando todas las capacidades del Estado” para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Eran menores que intentaban matar a soldados, a policías. En lo que llevamos de este Gobierno ya nos han asesinado a 369 militares y policías, y algunos de ellos han sido asesinados por combatientes menores de edad”, afirmó Sánchez, quien recalcó que prácticamente todas las estructuras armadas —incluidas las disidencias de las FARC lideradas por ‘Iván Mordisco’— reclutan adolescentes, muchos de ellos indígenas.

Según el ministro, la presencia de menores entre estas organizaciones oscila entre el 20 y el 30 por ciento, dependiendo del grupo. “Lo cierto es que están y hemos visto que también están cometiendo atentados terroristas”, añadió. Esta realidad, sostuvo, eleva la probabilidad de que adolescentes mueran en operativos, dado que al participar directamente en hostilidades pierden la protección que otorga el Derecho Internacional Humanitario.

Al menos catorce menores han muerto en los últimos operativos del Ejército, incluidos los siete adolescentes fallecidos en Guaviare durante un bombardeo contra posiciones de la disidencia de ‘Iván Mordisco’, que dejó un total de 20 combatientes muertos.

El presidente Gustavo Petro pidió perdón por la muerte de los menores, pero descartó suspender las acciones militares, tal como solicitó la Defensora del Pueblo, Iris Marín. La Fiscalía abrió además una investigación por lo ocurrido el 11 de noviembre en Guaviare.

Sánchez defendió que estas operaciones se realizan dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y advirtió que, si no se enfrenta el “crimen de lesa humanidad” que supone el reclutamiento de menores, en pocos años el porcentaje de combatientes adolescentes será aún mayor. También agradeció el respaldo del presidente Petro a las fuerzas de seguridad y destacó que la búsqueda de la paz “es una política de Estado, no de gobierno”.

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.

El Periodista