Condenan a muerte a exprimera ministra de Bangladesh

La exprimera ministra de Bangladesh Sheij Hasina fue condenada este lunes en rebeldía a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad relacionados con la violenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que dejaron cerca de 1.400 fallecidos y culminaron con su salida del poder tras quince años de gobierno.

El fallo del Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh también impuso la pena capital a su entonces ministro del Interior, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía, Choudri Abdulá al Mamun —quien colaboró con la investigación— le sentenció a cinco años de prisión.

La corte ordenó además la confiscación de los bienes de Hasina, hoy exiliada en India y con otros tres procesos pendientes ante el mismo tribunal, creado en 2009 para juzgar delitos de genocidio y lesa humanidad. Dos de ellos están vinculados a desapariciones forzadas y otro a la represión de protestas realizadas en 2013.

Según el veredicto, Hasina fue hallada culpable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca en agosto de 2024, además de haber instruido a la Policía a emplear “fuerza letal” contra los participantes en las movilizaciones.

A través de un comunicado difundido por su partido, la Liga Awami, la ex mandataria rechazó la sentencia y acusó al tribunal de estar “arreglado”, “parcial” y motivado políticamente para encubrir “la administración caótica, violenta y socialmente regresiva” del actual primer ministro interino, Muhammad Yunus. Aseguró además que no teme someterse a un juicio “adecuado”.

El fallo contra Asaduzaman —también prófugo— contempla igualmente la incautación de sus propiedades. La Fiscalía solicitó que estos bienes se destinen a reparar a las víctimas, según informó el diario local The Daily Star.

A comienzos de julio, Hasina ya había sido condenada a seis meses de cárcel por desacato en el marco de los procesos abiertos en su contra por ordenar la represión de las protestas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los cargos públicos a familiares de veteranos de guerra.