Congreso de Brasil revierte vetos de Lula y aprueba flexibilización ambiental

La Cámara de Diputados y el Senado anularon 63 vetos del presidente brasileño y restituyeron artículos que reducen exigencias de permisos, limitan consultas a pueblos indígenas y debilitan protecciones en la Mata Atlántica. Organizaciones ambientalistas califican la decisión como el mayor retroceso en años.

La Cámara de Diputados y el Senado de Brasil aprobaron este jueves la anulación de los vetos impuestos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los puntos más controvertidos de una ley que flexibiliza de manera significativa los permisos y controles ambientales. La votación, que supone un fuerte revés para el Gobierno, contó con 295 votos a favor y 167 en contra en la Cámara Baja, y 52 frente a 15 en el Senado.

Entre los artículos restablecidos por el Congreso figura la exención de licencias ambientales para actividades y obras clasificadas como de “bajo o pequeño” potencial contaminante, una medida duramente criticada por especialistas debido a su amplia interpretación. También se eliminan las exigencias de autorización para proyectos relacionados con alcantarillado, tratamiento de agua potable, mejoras y mantenimiento de carreteras.

Otro de los puntos que regresan al texto original limita la consulta obligatoria a pueblos indígenas cuando haya proyectos que afecten a sus territorios. Asimismo, se eliminan varios requisitos destinados a proteger la vegetación nativa de la Mata Atlántica, el segundo bioma tropical más importante de Brasil después de la Amazonía.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, defendió la medida al inicio de la votación, afirmando que la simplificación de procesos, la unificación de procedimientos y la reducción de burocracia son “necesarias para el desarrollo del país”.

En la víspera, el Gobierno había solicitado que se mantuvieran los 63 vetos aplicados por Lula en la versión inicial del proyecto, advirtiendo sobre “efectos inmediatos y de difícil reversión” para el medio ambiente. En octubre, el oficialismo ya había logrado postergar la discusión para evitar un desgaste diplomático justo antes de la COP30 del clima, que Brasil organizará en 2025.

Movimientos ecologistas y organizaciones de defensa ambiental consideran la decisión parlamentaria como el mayor retroceso normativo en años y protagonizaron diversas protestas en las últimas semanas para intentar frenar la flexibilización. Según estas organizaciones, el nuevo marco regulatorio abre la puerta a un debilitamiento estructural de las políticas ambientales brasileñas.

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El Periodista