Contraloría abre investigación por aumento de asignaciones a ONG Trekan durante actual gobierno

La Contraloría General de la República abrió una investigación especial para revisar el aumento de recursos entregados por el Estado a la ONG Trekan durante los últimos años. La medida se tomó tras una denuncia de la diputada Paula Labra (RN) y luego de que una investigación de Radio Biobío revelara que la organización ha recibido más de $6 mil millones en convenios bajo la actual administración.

De acuerdo con el Registro Central de Colaboradores del Estado, Trekan firmó convenios por $507 millones y $394 millones en 2020 y 2021. Sin embargo, los montos aumentaron a $874 millones en 2022, $1.582 millones en 2023 y $1.965 millones en 2024.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ha sido el principal organismo asociado a la ONG. Solo en este gobierno, el servicio ha transferido cerca de $2.200 millones para programas vinculados a la violencia contra las mujeres. A esto se suman $998 millones desde la Subsecretaría de la Niñez y $689 millones desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La diputada Labra señaló eventuales conflictos de interés, apuntando a que el director de la organización es Jonatán Fuentealba, hermano de Isaac Fuentealba, exasesor de Jaime Bassa en la Convención Constitucional y colaborador de campañas del Frente Amplio en la región de Valparaíso.

“Es perfectamente plausible que el caso de esta ONG se transforme en un nuevo Caso Convenios”, dijo Labra, calificando la apertura de la investigación como “una buena noticia”.

Desde la ONG, en tanto, descartaron cualquier irregularidad. Indicaron que Isaac Fuentealba no forma parte de la entidad y que ninguno de sus integrantes milita en partidos políticos.

Rechazo de ministra Orellana

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, descartó e su oportunidad irregularidades, destacando que “tenemos completa tranquilidad de que en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, todos los ejecutores que forman parte primero están siendo monitoreados por el sistema Sisrec (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) de Contraloría, cosa que hicimos antes de que fuera una exigencia a propósito del caso Convenios”.

“En segundo lugar, de que los ejecutores son asignados a través de concurso público y en tercer lugar, que hemos privilegiado siempre tener ejecutores públicos y que, por lo tanto, llegamos con uno privado ahí donde no tenemos oferentes del sector público”, explicó.

Orellana reiteró que las licitaciones se han hecho por concurso público. «Puedo asegurar que desde el año 2022 y previo al Caso Convenios, de hecho, en el proceso de modernización que hemos encabezado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, integramos antes de que se exigiera por ley a todos los ejecutores de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de género al Sistema de Rendición de Cuentas de Contraloría”, enfatizó.

“Todos los servicios han sido licitados, es decir, las contrataciones no se hacen a dedo, sino a través de un concurso público con distintos oferentes en donde se entregan opciones”, puntualizó la ministra Orellana.

En ese sentido, resaltó que “hemos reducido mucho la cantidad de ejecutores privados a propósito de privilegiar el trabajo con los municipios, que son los que también están en red con otros servicios, como por ejemplo la Oficina Local de Niñez”.

“Toda nuestra ejecución presupuestaria, así como la recuperación de la evaluación favorable de todos los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, han sido un trabajo técnico que se expresa con distintos ejecutores de acuerdo a las condiciones de cada región”, concluyó.