DC respalda destitución de Ulloa y condena “sucia maniobra política” de Manouchehri contra Provoste
“Consideramos inaceptable que, en una sucia maniobra política, se intente sacar provecho electoral mediante descalificaciones personales”, manifestó la colectividad.
La Democracia Cristiana (DC) valoró la decisión del Senado que aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por notable abandono de deberes en el marco del denominado caso Audios, y que implica su destitución e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.
En una declaración pública, el partido calificó la decisión como “una señal clara de que nadie está por sobre la ley y de que las instituciones del Estado deben responder siempre con transparencia y probidad ante la ciudadanía”.
“La función pública esencial del Poder Judicial es generar confianza en la ciudadanía, fortalecer la democracia y garantizar el Estado de Derecho. Como Partido Demócrata Cristiano reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la integridad de sus integrantes”, sostuvo la colectividad.
Asimismo, la DC repudió los ataques del diputado socialista Daniel Manouchehri hacia la senadora y militante del partido Yasna Provoste, durante la discusión de la acusación en el Senado.
El socialista -impulsor del libelo- cuestionó un acercamiento que tuvo la senadora con Ulloa en 2020, cuando se tramitaba la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Provoste aclaró que esas conversaciones fueron “informales” y que “nunca abordaron aspectos técnicos del caso”.
Al respecto, la DC manifestó: “Consideramos inaceptable que, en una sucia maniobra política, se intente sacar provecho electoral mediante descalificaciones personales. Este tipo de conductas sólo daña el debate democrático y degrada la política como espacio de diálogo y servicio público”, indicó la colectividad en su comunicado.
Finalmente, el partido afirmó que seguirá trabajando “para fortalecer la confianza en las instituciones, promoviendo una justicia proba, independiente y al servicio de las personas, que asegure que toda falta a la ética o al deber sea investigada y sancionada conforme a derecho”.
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