El exministro de Energía, Diego Pardow, ingresó anoche a la Cámara de Diputados su respuesta por la acusación constitucional en su contra, tras el error de cálculo que derivó en un cobro excesivo en las cuentas de luz. En el documento de 120 páginas, Pardow solicitó que se declare inadmisible el líbelo por no cumplir con los requisitos mínimos que exige la Constitución.
En el documento, el exsecretario de Estado aseguró que el libelo no tiene asidero en las causales previstas en la Constitución, no satisface los estándares mínimos de fundamentación, no le imputa responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de “ultima ratio”.
Pardow sostiene que la acusación no cumple con ninguna de las causales taxativamente previstas en el Artículo 52 de la Constitución, añadiendo que el escrito contiene “imputaciones genéricas”, las cuales “obstaculizan gravemente el efectivo ejercicio del derecho a defensa”. Según su postura, los acusadores confunden discrepancias políticas con infracciones constitucionales.
Por otra parte, el exministro responsabilizó a la Comisión Nacional de Energía, por el error que derivó en el alza en las tarifas. “Los acusadores sostienen que corresponde al Ministro de Energía «fijar el componente principal del precio que pagan los usuarios por el servicio eléctrico» y «verificar que los procedimientos se desarrollen sin vicios formales»”, relata, para luego precisar que, según la ley, esa facultad recae en la CNE.
Además, el escrito apunta a que, respecto al error metodológico, este se arrastraba desde 2017 y solo se materializó en el decreto de 2024 debido al descongelamiento tarifario.
“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, planteó Pardow.
En esa línea, complementó: “En este contexto, y en la situación que nos encontrábamos, haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que este exministro hubiera intervenido en dicho procedimiento indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos”.
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