La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó este jueves el sexto balance sobre el avance de los sumarios instruidos el 20 de mayo por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas. La medida se implementó tras el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República que reveló viajes de funcionarios públicos al extranjero durante licencias médicas entre 2023 y 2024.
Según el informe, al 15 de octubre se identificaron 28.028 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias, aumentando respecto a los 27.778 reportados en el balance anterior. Esto se explica principalmente por casos de salidas del país de funcionarios de servicios regionales.
Del total, 23.140 trabajadores continúan en servicio, mientras que otros 4.888 ya no se desempeñan en sus respectivos cargos. De estos últimos, 2.670 están siendo objeto de sumario administrativo pese a no estar en funciones. En total, se identifican 25.810 personas cuyo caso debe ser investigado mediante sumario, de las cuales:
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35% corresponde a salidas del país.
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1% a atención de partos.
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5% a emisores investigados penalmente.
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6% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
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23% por asistencia a casinos de juegos.
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30% por salidas del país en servicios regionales.
Hasta la fecha, 22.954 sumarios han sido instruidos y 20.794 funcionarios continúan con los procesos en curso. En tanto, 2.160 sumarios cuentan con alguna resolución, de los cuales 1.598 están a la espera del cierre y 562 ya se encuentran cerrados con resolución ejecutoriada.
El informe también detalla que la duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días, y que los funcionarios recibirían en total $36.008 millones en remuneraciones durante estos períodos de ausencia.
La Dipres recordó que los sumarios administrativos respetan etapas y plazos legales, que incluyen investigación de los hechos, presentación de descargos, rendición de pruebas e impugnación, respetando siempre el debido proceso. Además, el funcionario designado como fiscal debe tener igual o mayor grado que quien se encuentra involucrado, lo que también condiciona el avance de los procedimientos.
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