Manifestantes irrumpen y causan destrozos en el Palacio de Gobierno tras asesinato del alcalde de Uruapan
Cientos de personas marcharon en Morelia para exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo; la protesta, inicialmente pacífica, terminó con la rotura de puertas, vandalismo en oficinas y detenciones por los hechos. Las autoridades aseguran que el edil contaba con protección federal y prometen investigar hasta dar con todos los responsables.
Una marcha convocada en Morelia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, derivó este domingo en la irrupción de un grupo de manifestantes en el Palacio de Gobierno de Michoacán, donde se produjeron destrozos en puertas, cristalería, mobiliario y pintadas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La movilización —que reunió a varias centenas de personas en la plaza Jardín Morelos— comenzó de forma pacífica con consignas de “justicia” y reclamos por la seguridad, pero una fracción de los manifestantes rompió las puertas del edificio y penetró en las oficinas centrales, según reportes locales. Las autoridades repelieron la irrupción con gas lacrimógeno y proyectiles no letales, y posteriormente se colocó una valla para asegurar las instalaciones.
La Fiscalía de Michoacán informó que hay detenidos por los daños ocasionados en el Palacio y que se abrió una investigación para identificar a los responsables; distintos medios locales han consignado al menos ocho arrestos en relación con los episodios de vandalismo.
El ataque que terminó con la vida de Manzo ocurrió durante un acto público por el Día de Muertos en el centro de Uruapan: el alcalde recibió varios disparos, fue trasladado al hospital y falleció minutos más tarde; en el lugar murió uno de los agresores y otras dos personas habrían sido detenidas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que Manzo contaba con protección inmediata por parte de policías municipales y con apoyo periférico de 14 elementos de la Guardia Nacional, y afirmó que los atacantes aprovecharon la vulnerabilidad del evento público para perpetrar el homicidio. El funcionario aseguró que las investigaciones se basan en imágenes y testimonios recabados en la zona.
La muerte del alcalde —quien había denunciado amenazas y presunta presión del crimen organizado en su municipio— ha desatado una ola de indignación en Michoacán y coloca nuevamente sobre la mesa las críticas al manejo de la seguridad en la región, dominada por la presencia de cárteles y grupos armados que afectan a sectores como la producción agrícola y el comercio. Líderes locales y federales han prometido esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
La Presidencia y el Gabinete de Seguridad han condenado el hecho públicamente; la Fiscalía estatal continúa con las diligencias criminalísticas y el recuento de daños en el Palacio de Gobierno mientras colectivos ciudadanos exigen medidas concretas para garantizar la seguridad de autoridades y población.
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