Organizaciones exigen a Boric remover al Fiscal Nacional por negligencia en caso de la desaparición de Julia Chuñil

Una amplia red de organizaciones sociales, ambientales, indígenas y de derechos humanos reunidas en el Espacio Día a Día por Julia Chuñil hizo pública una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric Font, en la que solicitan que oficie a la Corte Suprema para iniciar el proceso de remoción del Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, por lo que califican como “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

El escrito surge al cumplirse un año de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigente mapuche de la Comunidad Putreguel de Máfil, Región de Los Ríos, ocurrida el 8 de noviembre de 2024. Según las organizaciones, la investigación “ha sido incapaz de llegar siquiera a la etapa preparatoria del juicio”, lo que interpretan como una obstrucción al derecho a la justicia y un incumplimiento del deber estatal de protección de las víctimas.

“La remoción del Fiscal Nacional sería un gesto digno que marcaría un final diferente de su mandato”, señala la carta, acusando al Ministerio Público de falta de diligencia, sesgo racial y permisividad institucional ante un crimen que, sostienen, configura una desaparición forzada.

Acusaciones de encubrimiento y trato discriminatorio

El documento detalla que bajo la conducción de Valencia se ha negado la calidad de víctima a la familia de Chuñil y se han filtrado antecedentes sesgados a la prensa, mientras se omiten líneas de investigación que podrían involucrar a funcionarios de la CONADI y al empresariado forestal. También denuncian el actuar irregular de un funcionario policial que habría amenazado a la hija de la víctima durante un interrogatorio, en presencia de una fiscal.

Las agrupaciones sostienen que el caso refleja “el trato racista y neocolonial del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche”, vinculado —afirman— a la criminalización de las luchas territoriales y ambientales. Además, aseguran que el proceso ha derivado en una “persecución judicial contra la familia” en lugar de esclarecer los hechos.

Repercusiones internacionales

La misiva destaca que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se refirió recientemente al caso, instando al Estado chileno a investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz los atentados contra defensores de derechos humanos, e implementar efectivamente el Protocolo de Protección correspondiente.

Asimismo, señalan que lo ocurrido vulnera el Convenio de Escazú, específicamente su artículo 9, que protege a las personas defensoras del medioambiente. En ese marco, exigen “poner término a esta bochornosa y negligente actuación de la Fiscalía Nacional” y activar los mecanismos legales que eviten la impunidad.

Un llamado directo a La Moneda

El texto concluye apelando directamente al Presidente Boric:

“Su gobierno, que impulsó el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura, debe incluir ahora el caso de Julia Chuñil y otros desaparecidos en democracia, como señal inequívoca de que Chile no tolerará más desaparecidos”.

El caso de Julia Chuñil ha trascendido las fronteras nacionales, movilizando a comunidades mapuche, organizaciones de derechos humanos y redes de apoyo en América Latina, Canadá y Europa, que este 8 de noviembre conmemorarán un año de su desaparición exigiendo verdad, justicia y responsabilidad estatal.