Pagos millonarios para sacar a un juez: documentos revelan que Fundamenta destinó $410 millones a la recusación de Sergio Muñoz

Un reportaje de CIPER reveló que Inmobiliaria Fundamenta pagó más de $600 millones a sociedades ligadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, de los cuales $410 millones correspondieron a trabajos vinculados a la estrategia para inhabilitar al ministro Sergio Muñoz. Su salida permitió revertir un fallo adverso y destrabar el proyecto Eco Egaña en Ñuñoa. La trama repite nombres, vínculos y prácticas del caso bielorruso CBM, hoy investigado por coimas y lavado de dinero.

Un pago que cambia el rumbo de un fallo

La Fiscalía Regional de Los Lagos recibió del Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe clave: tres sociedades vinculadas a los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber facturaron $608 millones a Plaza Egaña SpA, empresa controlada por Inmobiliaria Fundamenta.

De ese monto, $410 millones fueron destinados a tareas asociadas a la causa Rol 1085-2022, que corresponde a la recusación del entonces presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

El detalle —obtenido por CIPER— incluye labores como:

  • definir la estrategia jurídica,
  • redactar informes y minutas,
  • preparar alegatos,
  • presentar la recusación y otros recursos en tribunales superiores.

Pese a ello, los abogados beneficiados nunca aparecieron públicamente como patrocinantes. Quien ingresó la recusación fue el abogado Marco Fuentes, cercano a Vargas y receptor de pagos anteriores desde sus sociedades.

¿Qué estaba en juego?

Fundamenta tenía paralizado su proyecto Eco Egaña Sustentable en Ñuñoa, valorizado en cerca de US$300 millones, debido a un reclamo ambiental presentado por vecinos.

El ministro Sergio Muñoz ya había votado en contra de la inmobiliaria, lo que dejaba a la empresa en una posición adversa. Pero su salida cambió todo:

  • El fallo desfavorable nunca se publicó.
  • La ministra Ángela Vivanco asumió temporalmente la presidencia de la Tercera Sala.
  • Vivanco pidió reemplazar a la ministra Soledad Melo por Diego Simpertigue, magistrado con quien compartió el voto favorable a Fundamenta.
  • El proyecto quedó destrabado y libre de nuevas paralizaciones.

Ese fallo allanó, además, una jugada posterior: Lagos y Vargas —ya visibles— demandaron al Estado por más de $25 mil millones, alegando perjuicios por la detención de las obras.

Repetición de nombres: la sombra del caso bielorruso

El reportaje de CIPER subraya que los mismos protagonistas del caso CBM aparecen en esta causa:

  • Ángela Vivanco, hoy formalizada por su presunto rol en un esquema de coimas.
  • Diego Simpertigue, quien viajó en un crucero con uno de los abogados investigados.
  • Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos.

Además, relatoras de la Corte Suprema declararon que Vivanco presionó para acelerar el fallo de Fundamenta, señalando que la empresa sufría “pérdidas millonarias”.

Las facturas que siguen el hilo del caso

El SII identificó seis facturas emitidas entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 por tres sociedades vinculadas a los abogados. Entre ellas:

  • $33 millones (octubre 2022)
  • $34 millones (octubre 2022, tras una audiencia clave)
  • $53 millones (marzo 2023, poco después del nuevo fallo)
  • $414 millones (abril 2023, por la asesoría que incluye la recusación)
  • $73 millones (diciembre 2023)

La mayor factura, de $414 millones, describe directamente acciones relacionadas con la causa en que se sacó al ministro Muñoz, pese a que los abogados involucrados no figuraron públicamente en el expediente.

La respuesta de Fundamenta

Consultada por CIPER, la inmobiliaria afirmó, mediante la consultora Nexus, que la asesoría de estos abogados incluía:

  • gestiones con vecinos,
  • apoyo administrativo y judicial,
  • provisión de informes jurídicos.

Aclararon que el “relacionamiento con autoridades” era responsabilidad de Imaginaccion, empresa del lobista Enrique Correa, no de los abogados investigados.

También señalaron que rompieron contrato con Lagos y Vargas cuando se conocieron las investigaciones por el caso CBM:

“El actuar de estos profesionales nos escandaliza e indigna, de ser ciertos los hechos que se les imputan”.

Un golpe institucional con efectos en cadena

La recusación que sacó a Muñoz no solo cambió el fallo de un caso ambiental:

  • lo llevó a una acusación constitucional,
  • a su posterior destitución,
  • y contribuyó al estallido de una de las crisis más graves de probidad judicial en décadas.

Los documentos del SII y las revelaciones de CIPER agregan ahora un elemento decisivo: la existencia de pagos millonarios destinados expresamente a sacar al juez que fallaba contra la inmobiliaria.

 

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