Periodistas argentinos denuncian ante CIDH ataques del Gobierno a la libertad de expresión

Periodistas y organizaciones de derechos humanos de Argentina denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una escalada de ataques, amenazas y descalificaciones promovidas por el Gobierno contra medios y trabajadores de prensa. La exposición se realizó el miércoles en una audiencia en la Universidad de Miami, donde los denunciantes alertaron sobre un deterioro sin precedentes en la libertad de expresión en el país.

“Estuvimos todos unidos en esta crítica a las políticas del Gobierno de tratar de acallar la libertad de expresión”, afirmó el periodista Francisco Rabini, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y tesorero de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). El profesional, que también trabaja en el diario Clarín, calificó la instancia como “positiva”, al señalar que los comisionados recogieron las denuncias y trasladaron preguntas y reclamos a la delegación gubernamental.

La representación del Ejecutivo estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien —según Rabini— se limitó a defender los procedimientos oficiales y terminó enfrentándose verbalmente con los propios comisionados de la CIDH.

Los gremios SiPreBA y FOPEA, junto a organizaciones como Amnistía Internacional, Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expusieron un panorama alarmante: solo este año se registraron 257 ataques contra periodistas, un récord que supera la marca histórica de 2013. FOPEA también reportó 179 agresiones en 2024, lo que representa un aumento del 53% respecto de 2023 y del 103% en comparación con 2022.

Según Rabini, los embates del Ejecutivo se expresan en múltiples frentes: “Vemos ataques sistemáticos contra los medios públicos, populares y comunitarios; campañas de hostigamiento en redes con un ejército de trolls paraestatal; y denuncias judiciales contra periodistas que publican notas críticas”. Para el dirigente, estas prácticas provocaron que sectores que no siempre coinciden presentaran un “frente muy unido” ante un Gobierno que “se autodenomina libertario, con todo el contrasentido que esto significa”.

Amedrentamientos documentados

Los expositores ante la CIDH detallaron ejemplos concretos de violencia y hostigamiento. Entre ellos destacan:

• El desmantelamiento de Télam, una de las primeras medidas adoptadas por la gestión de Milei en diciembre de 2023.

• La agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo por el impacto de una granada de gas lacrimógeno durante la represión del 12 de marzo en una protesta de jubilados frente al Congreso.

• Las querellas del presidente contra periodistas, como denunciaron Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, quienes además relataron amenazas, persecuciones y hackeos.

Los denunciantes solicitaron a la CIDH que envíe una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión y que inste al Gobierno argentino a derogar el decreto 270/2024, que restringe el acceso a la información pública.

Rabini subrayó que, pese a las dificultades políticas y geopolíticas dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), el objetivo de los gremios es “dar la batalla en todos los frentes posibles” para frenar el avance sobre los derechos profesionales y democráticos. “Creemos en el valor del periodismo y en su rol en la calidad de la discusión política, justamente lo que el Gobierno batalla”, afirmó.

El clima hostil se ha visto reforzado por declaraciones del propio presidente Javier Milei, quien ha repetido públicamente la frase: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, replicada luego por funcionarios y seguidores en redes sociales.