Río de Janeiro defiende operativo en favelas tras más de 120 muertos: “La Policía está en desventaja”

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió como “proporcional” el operativo policial realizado la semana pasada en las favelas de Penha y Alemão, que dejó más de 120 muertos y desató un amplio debate sobre el uso de la fuerza en Brasil. En un informe entregado al Tribunal Supremo —que en abril fijó normas para supervisar acciones en las comunidades cariocas— la autoridad regional sostuvo que la Policía actuó frente a un “poder bélico sin precedentes” del Comando Vermelho.

Según Castro, los agentes fueron recibidos por alrededor de 500 hombres fuertemente armados, equipados con fusiles de asalto de alto calibre, tácticas de guerrilla urbana, ropa de camuflaje y drones cargados con explosivos. La Policía, afirmó, “en muchas ocasiones está en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar”.

El documento detalla que la organización criminal mantiene un amplio arsenal y que durante la operación se incautaron 118 armas, una tonelada de drogas y se detuvo a 113 personas. Participaron unos 2.500 efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

La operación es ya la más letal registrada en Río de Janeiro. Aun así, Castro aseguró que todas las víctimas pertenecían al Comando Vermelho, argumento con el cual defendió la “precisión” del operativo. Vecinos denunciaron que numerosos cuerpos quedaron tendidos en las calles para su reconocimiento, debido a las dificultades para estabilizar la zona en medio de la violencia.

Las críticas no tardaron. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el operativo como una “masacre” y un “desastre”, advirtiendo sobre la necesidad de redoblar políticas de seguridad basadas en inteligencia y no solo en confrontación armada.

Castro, quien ocupa el cargo desde mediados de 2021, acumula algunos de los episodios policiales más sangrientos en la historia del estado. Apenas días después de asumir, una operación en Jacarezinho dejó 25 muertos. En 2022, otro operativo en Vila Cruzeiro terminó con 23 fallecidos.

Mientras el gobierno estadual insiste en que la fuerza fue necesaria para enfrentar el poder criminal, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos cuestionan la proporcionalidad y transparencia de las acciones, reavivando el debate sobre la violencia policial y la seguridad pública en Brasil.