Royalty Minero y su impacto estratégico en la Región del Biobío

Por Dusan Marinovic Millán, Seremi de Minería del Biobío.

Con su recaudación en régimen a partir de este año, el royalty marca un cambio concreto en la vida de las familias chilenas de más de 300 comunas del país, que ahora podrán ver los efectos directos en sus barrios gracias a la distribución territorial de USD 450 millones repartidos en tres fondos: el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, que distribuye USD 225 millones a los Gobiernos Regionales con foco en el financiamiento de inversión productiva; el Fondo de apoyo para la Equidad Territorial (FET), que aporta USD 170 millones; y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI), que incorpora USD 55 millones.

Bajo ese concepto, en 2025 nuestra región recibió recursos por más de $16.300 millones para beneficio de 29 de sus 33 comunas, cuyas comunidades ya se han visto favorecidas con reparaciones de infraestructura y caminos, la instalación de cámaras de seguridad o la habilitación de centros médicos veterinarios municipales y multicanchas. Aun cuando Biobío no concentra grandes faenas extractivas de minerales metálicos, sí es un actor clave en la cadena de valor de la industria: puertos, plantas de procesamiento, infraestructura logística y generación eléctrica sustentan parte esencial de la producción nacional. Sin embargo, esta contribución nunca se reflejó de modo proporcional en inversión pública. El nuevo esquema corrige parcialmente esta asimetría.

En ese sentido, un aspecto clave de la política del royalty es que reconoce explícitamente el concepto de cadena de suministro ampliada. Es decir, que la minería no es solo extracción, sino también transporte, transformación y soporte energético. De acuerdo con esa lógica, somos un nodo crítico del sistema minero nacional, y la reasignación de recursos es coherente con esa función. Por lo tanto, la importancia de esta política radica en su capacidad para financiar proyectos con externalidades positivas de largo plazo. Para Biobío, es crucial entonces buscar una transición energética justa y avanzar en el mejoramiento de infraestructura logística, innovación y manufactura avanzada, apalancada en el ecosistema universitario regional, donde la producción industrial de carbón activado y leonardita juegan un rol preponderante para reactivar nuestra minería.

La experiencia comparada muestra que la disponibilidad de recursos no garantiza desarrollo si no se cuenta con equipos técnicos sólidos para formular, evaluar y ejecutar proyectos. Por lo que, desde ese punto de vista, Biobío tiene una ventaja relativa: universidades robustas, centros tecnológicos en crecimiento y gobiernos locales con trayectoria en gestión industrial-portuaria.

Finalmente, la señal política y económica del royalty es clara: avanzar hacia una redistribución territorial más equilibrada y justa, donde regiones con tareas estratégicas en la cadena productiva —mas no productoras directas— también reciban recursos proporcionales a su contribución estructural. Para el Biobío, esto abre una oportunidad única de consolidar su estrategia de desarrollo regional basada en valor agregado, sostenibilidad e innovación.