
Australia se convierte en el primer país en prohibir redes sociales a menores de 16 años
La nueva ley, impulsada por el Gobierno de Anthony Albanese, obliga a plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube a eliminar y bloquear cuentas de usuarios menores de 16 años bajo riesgo de multas millonarias.
Australia se convirtió este martes en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, tras la entrada en vigor de la ley aprobada por el Parlamento y promovida por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese con el fin de proteger la salud mental y el bienestar social de los menores.
La normativa, vigente desde la medianoche, afecta al menos a diez plataformas digitales —entre ellas Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick—, las cuales deberán tomar “medidas razonables” para impedir que menores de 16 años mantengan una cuenta activa. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares australianos.
A partir de este martes, las plataformas deberán eliminar las cuentas detectadas como pertenecientes a menores y exigir verificación de edad a quienes intenten abrir un nuevo perfil, mediante documentos oficiales o escaneo facial. La ley, sin embargo, no impide que los menores accedan sin registrarse, y algunas aplicaciones quedan fuera de las restricciones, como Discord, WhatsApp o Steam Chat.
Para Albanese, la medida representa una “iniciativa pionera a nivel mundial” que generará “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en Australia. “Los niños tendrán más tiempo para ser niños y los padres mayor tranquilidad”, afirmó, señalando que la ley facilita el diálogo familiar sobre los riesgos del uso de Internet.
El Senado aprobó la norma a finales de noviembre, descartando sanciones para usuarios o padres y poniendo el foco en la responsabilidad de las compañías tecnológicas.
No obstante, la regulación ha generado críticas. Elon Musk, propietario de X, acusó al Gobierno australiano de buscar “controlar el acceso a Internet por la puerta de atrás”, mientras que otras empresas cuestionan la falta de claridad en los sistemas de verificación exigidos para bloquear efectivamente el ingreso de menores.
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