En sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó los cambios del Senado y despachó a ley el proyecto que fortalece la institucionalidad vinculada a la seguridad municipal y la prevención del delito. La iniciativa establece nuevas medida de coordinación y planificación comunal, además de atribuciones para quienes desempeñen estas funciones.
Para entregar una mayor claridad del alcance de la norma, en el segundo trámite se incluyó un nuevo título. Aquí se definió el rol de las municipalidades en esta materia, junto a un nuevo marco regulatorio que fija principios, ámbitos de aplicación y obligaciones de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
También se ordena el diseño de estrategias basadas en prevención social, comunitaria y situacional. Todo esto, considerando indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Además, se establece que los gobiernos regionales podrán apoyar la elaboración e implementación de los planes comunales de seguridad pública. Este apoyo podrá incluir financiamiento para acciones definidas en cada plan.
Junto a ello, se incorpora un artículo que regula las funciones del director de seguridad pública comunal. El texto señala que deberá coordinar acciones preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención a víctimas.
Nuevas herramientas tecnológicas para la prevención
La normativa incluye nuevos instrumentos tecnológicos para apoyar la seguridad municipal. Entre ellos están los sistemas de televigilancia, aeronaves pilotadas a distancia, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos. Estos mecanismos podrán utilizarse únicamente con fines preventivos y bajo estándares estrictos de tratamiento de información.
Estos dispositivos solo podrán captar imágenes y deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros para garantizar la coordinación operativa. De igual modo, la norma permite el uso de sistemas de alerta ciudadana y herramientas de análisis de datos, cuando estas plataformas sean implementadas por privados. Ahora, la contratación deberá cumplir las reglas de la ley de compras públicas.
Por otra parte, la información generada por estas aplicaciones deberá ser remitida a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las instituciones policiales para apoyar la toma de decisiones locales.
Consejos comunales y planes de seguridad municipal
Asimismo, las modificaciones fortalecen la gobernanza local mediante la actualización de las funciones y composición de los consejos comunales e intercomunales de seguridad. El proyecto amplía sus atribuciones, incorpora nuevos actores y refuerza su deber de coordinación con Carabineros y otras instituciones de emergencia.
En esta línea, redefine la integración del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Aquí se suma la participación de la secretaría regional ministerial de seguridad pública junto a otros actores territoriales. También se incorpora la posibilidad de regular aspectos internos mediante acuerdos formales del consejo.
Además, señala que el plan comunal de seguridad pública deberá adaptarse a la realidad de cada comuna. Para esto, se deberá considerar elementos como el presupuesto, la población, geografía y problemáticas específicas. Junto a esto, podrá implementar medidas de atención a víctimas, rehabilitación de consumo de alcohol y drogas y mejoramiento urbano, entre otros.
En el texto se exige informar el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos en el plan. Para esto, las municipalidades deberán registrar este avance y publicarlo en sus sitios web.
Regulación de organizaciones comunitarias
Paralelamente, la iniciativa establece requisitos más estrictos para las organizaciones comunitarias dedicadas a labores de prevención del delito. Aquí señala que ninguno de sus integrantes podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones por la Ley de seguridad en los estadios.
En adición, se les prohíbe expresamente el ejercicio de autotutela y el porte de armas. La idea es dejar en claro que sus funciones no podrán confundirse con las atribuciones reservadas a las inspectoras e inspectores de seguridad municipal.
La Subsecretaría de Prevención del Delito llevará un registro público con la información actualizada de estas organizaciones, sus directivas y sus uniones comunales, resguardando los datos personales.
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