Cámara despacha a ley reposición del feriado bancario el 31 de diciembre

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el pasado lunes, por 103 votos a favor y una abstención, el proyecto que restablece el feriado bancario, quedando listo para convertirse en ley. La iniciativa, originada en el Senado, reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial el 31 de diciembre y los sábados, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero.

El texto fue respaldado previamente por unanimidad en la Comisión de Hacienda y repone una disposición histórica que había sido eliminada durante la tramitación de la Ley Fintec. Según explicó el Gobierno, el objetivo es permitir que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales —como cierres contables, conciliaciones y ajustes regulatorios— sin riesgos derivados de la apertura de sucursales.

Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores apoyaron la norma, destacando el beneficio operativo para el sistema y aclarando que no se trata de un día libre para funcionarios bancarios, ya que el cierre es exclusivamente técnico. También subrayaron que la atención al público seguirá disponible a través de las plataformas digitales.

Avanza reforma que clarifica recursos ante Tribunales Ambientales

La Sala también aprobó por unanimidad un segundo proyecto (boletín 16.204) que modifica la Ley que crea los Tribunales Ambientales, con el fin de separar claramente la procedencia del recurso de apelación y de casación, y consagrar este último para las sentencias dictadas en materias de competencia de dichos juzgados, incluidas las reguladas en leyes especiales.

La iniciativa, que vuelve al Senado en tercer trámite, contó con el respaldo del Ejecutivo, que valoró su aporte al fortalecimiento del sistema de justicia ambiental. La reforma permitirá que las decisiones de los Tribunales Ambientales puedan ser revisadas por la Corte Suprema, contribuyendo a la uniformidad de criterios entre los tres tribunales existentes y alineando la legislación chilena con los compromisos del Acuerdo de Escazú.

En el debate, los diputados destacaron que la propuesta “empareja la cancha” para la ciudadanía en el acceso a la justicia ambiental, al tiempo que ordena los procedimientos y evita duplicidades entre recursos. También enfatizaron la necesidad de contar con herramientas eficaces para resolver conflictos sin dilaciones injustificadas.