Codelco-SQM: Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre acuerdo por litio, pero anuncia auditoría

La Contraloría General de la República (CGR) informó que se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que gran parte de las alegaciones ya fueron conocidas y resueltas por los tribunales de justicia o corresponden a materias de mérito que la ley le prohíbe calificar.

Así lo establece el oficio N° E217265, firmado por la contralora general, Dorothy Pérez, en respuesta a presentaciones realizadas por un grupo de diputados y por comunidades indígenas, quienes cuestionaban la legalidad del acuerdo, el uso del trato directo, la ausencia de licitación pública, la habilitación legal de Codelco y Corfo, así como la suficiencia del proceso de consulta indígena.

En el documento, el organismo fiscalizador explica que, en algunos casos, los propios tribunales ordenaron expresamente a la Contraloría abstenerse de informar, mientras que en otros las materias fueron zanjadas mediante sentencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, lo que impide un nuevo pronunciamiento administrativo sobre el fondo.

Entre los puntos abordados, la Contraloría recuerda que la justicia ya resolvió que Codelco se encuentra legalmente habilitada para participar en la explotación de litio y para conformar una asociación público-privada, sin requerir una ley especial de quórum calificado. Del mismo modo, los tribunales validaron el encargo realizado por Corfo a Codelco y descartaron la obligación de realizar una licitación pública para concretar el acuerdo con SQM.

Respecto de la consulta indígena, el oficio consigna que la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó que el acuerdo no constituía, en esa etapa, una medida que obligara a una consulta distinta a la realizada por Corfo, proceso que fue considerado ajustado a derecho.

Auditoría anunciada

Pese a las limitaciones para pronunciarse, la Contraloría confirmó que iniciará una auditoría sobre la regularidad de ciertas operaciones vinculadas a la materia, en particular respecto del contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como otros aspectos denunciados por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según detalla el oficio, esta revisión se realizará en ejercicio de las facultades fiscalizadoras del organismo sobre empresas en que el Estado tenga participación, y considerará los antecedentes y observaciones recogidos durante la investigación parlamentaria.

Finalmente, la Contraloría reiteró que su actuación se ajusta al marco constitucional y legal vigente, subrayando que no puede evaluar decisiones de mérito, conveniencia o política pública, pero sí fiscalizar la legalidad de los actos administrativos y el correcto uso de los recursos públicos.