“Fortalecer la Contraloría no es un privilegio corporativo, es una decisión estratégica del Estado para proteger la democracia y reconstruir la confianza ciudadana”, señaló la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, al iniciar la ceremonia en que la Comisión Asesora Externa, integrada por un grupo multidisciplinario de expertos, hizo entrega de las principales medidas para el fortalecimiento institucional en el combate de la corrupción.
La ceremonia, realizada el jueves 4 de diciembre en la sede central de la CGR, contó con la asistencia de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, autoridades de la Contraloría y funcionarios de la institución. En la actividad, la Contralora resaltó que “este no es un documento más que se suma a la lista de diagnósticos que se han realizado sobre la materia. Es producto de un trabajo profundo y exhaustivo y contiene una ruta clara para potenciar y proteger la integridad del Estado y los recursos públicos”.
Tras un año de trabajo, la Comisión Asesora Externa hizo entrega formal del documento: “Medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción”. El grupo de expertos estuvo encabezado por el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez; e integrada por la expresidenta de Chile Transparencia, Tamara Agnic; la exjefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera; el académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, José Luis Lara; y el director de Chile Transparente, Michel Figueroa.
En total, la Comisión realizó 17 sesiones formales, 26 entrevistas, convocó a organismos del sector público, del sector privado, de la academia para elaborar un documento con 37 propuestas agrupadas en dos grades temas: “Fortalecer la institucionalidad de control y fiscalización del país con la voluntad política del Gobierno y el Congreso”, y “Dinamizar las capacidades institucionales de la Contraloría General de la República a partir de medidas administrativas”.
Informe final
Se trata de un contundente paquete de reformas institucionales para enfrentar la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado dentro del Estado presentó la Comisión Asesora Externa de la Contraloría General de la República, en su informe “Medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción”, elaborado tras meses de trabajo técnico y análisis comparado.
El documento advierte que Chile atraviesa una crisis de confianza institucional, marcada por el aumento de la percepción de corrupción, la debilidad de los sistemas de control y el avance de redes delictuales que buscan penetrar las estructuras públicas. En ese contexto, la comisión propone fortalecer drásticamente el rol de la Contraloría, dotándola de más atribuciones, presupuesto y herramientas tecnológicas.
Sanciones también para exfuncionarios
Una de las medidas más relevantes es permitir que la Contraloría persiga la responsabilidad administrativa incluso después de que un funcionario haya renunciado, evitando así que se utilice la dimisión como mecanismo de escape ante un sumario. Hoy la normativa solo permite retener una renuncia por hasta 30 días.
Además, se propone que la Contraloría no solo instruya sumarios, sino que también pueda aplicar directamente sanciones disciplinarias, especialmente en municipalidades y servicios públicos.
Fin a los “espacios de opacidad”
El informe plantea que todos los recursos públicos deben ser fiscalizables, sin importar si se entregan a fundaciones, corporaciones, universidades u organismos privados. Para ello, se recomienda modificar la legislación vigente y cerrar definitivamente los vacíos que hoy impiden una supervisión total del dinero fiscal.
Más presupuesto y digitalización del Estado
La comisión también alerta que la Contraloría fiscaliza más de 2.200 instituciones públicas con solo el 0,12% del presupuesto nacional, por lo que propone aumentar de manera estructural su financiamiento, con especial énfasis en:
- Modernización tecnológica
- Análisis de datos e inteligencia artificial
- Interoperabilidad entre servicios públicos
También se recomienda acelerar la digitalización del Estado, especialmente en aquellos organismos que manejan información clave para detectar irregularidades.
Nueva división anticorrupción y crimen organizado
Entre las propuestas administrativas más relevantes figura la creación de una nueva División de Análisis e Inteligencia, especializada en:
- Prevención de la corrupción
- Narcotráfico
- Crimen organizado
- Uso irregular de recursos públicos
A esto se suma la creación de registros unificados de información, la actualización de convenios con otras instituciones fiscales y el fortalecimiento del deber de denuncia.
Protección a denunciantes y acceso ciudadano
El informe también propone reforzar los mecanismos de protección a denunciantes, asegurar respuestas administrativas oportunas y avanzar hacia un sistema de transparencia total, donde los expedientes de fiscalización puedan ser consultados electrónicamente por la ciudadanía.
Educación obligatoria en probidad
Otro eje clave es la formación ética. Se propone implementar:
- Certificación obligatoria en probidad para todos los funcionarios públicos
- Programas de capacitación permanente
- Campañas de sensibilización ciudadana
- Convenios con universidades para formación continua
Consejo Asesor externo permanente
Finalmente, se sugiere la creación de un Consejo Asesor Permanente Externo, que acompañe a la Contraloría en sus decisiones estratégicas y supervise la implementación de las políticas anticorrupción.
Una advertencia clara
El informe concluye que fortalecer a la Contraloría no es una medida corporativa, sino una decisión estratégica para proteger la democracia, recuperar la legitimidad del Estado y frenar el avance del crimen organizado en las instituciones públicas.
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