ECMPO: Cuando la desinformación intenta convertirse en política pública

Por Rodrigo Díaz Plá, antropólogo social, Centro de Investigación de Maritorio y las Sociedads Costeras

Ante la columna denominada «Los abusos de la Ley Lafkenche», donde se afirma que “un grupo de menos de 40 personas puede solicitar más de 650.000 hectáreas y paralizar el desarrollo económico del sur”, es necesario responder con hechos, no con exageraciones diseñadas para generar alarma. El debate sobre la Ley Lafkenche es legítimo, pero no puede sostenerse en caricaturas ni comparaciones que buscan presentar a los pueblos originarios como un obstáculo para el progreso.

Comencemos por la afirmación central: que “la sola presentación de una solicitud paraliza proyectos relevantes por años”. Esto es falso. La presentación de una solicitud de ECMPO no detiene la actividad productiva existente, ni obliga a cerrar emprendimientos en curso, ni afecta concesiones ya otorgadas. Lo que sí suspende temporalmente es la entrega de nuevas concesiones hasta verificar si existen usos tradicionales preexistentes. Es una medida mínima y razonable, similar a cualquier proceso de protección patrimonial o ambiental. Confundir eso con un “congelamiento del desarrollo regional” es, en el mejor de los casos, un error técnico.

También se sostiene que las solicitudes son “equivalentes al 120% de la Provincia Cordillera” o “mayores que la comuna de Las Condes por persona”. Estas comparaciones buscan escandalizar, no informar. Las ECMPO no entregan propiedad, no asignan superficie “por persona” y no se aprueban en función del tamaño solicitado, sino de la existencia de usos consuetudinarios demostrables. La superficie es un antecedente inicial sujeto a modificación, recorte o rechazo. La autoridad —CRUBC y CONADI— evalúa caso a caso, como ocurrió ya en múltiples regiones. Pretender que basta un croquis para obtener control del mar es simplemente falso.

El texto señala además que la ley “golpea actividades económicas públicas y privadas”. En realidad, lo que la Ley 20.249 hace es poner límites a la expansión desregulada de industrias que históricamente han desplazado a pescadores artesanales, recolectores y comunidades locales. Lejos de ser un freno, los ECMPO han fortalecido la continuidad de actividades sustentables y han permitido a la pesca artesanal resguardar áreas vitales ante la presión industrial. ¿O acaso los sindicatos y organizaciones de pescadores que apoyan ECMPO en todo Chile están actuando contra sus propios intereses? Difícil sostenerlo.

Otro punto del texto —quizás el más problemático— es afirmar que “el Estado queda obligado a probar lo que el solicitante no tiene que demostrar rigurosamente”. Esto es derechamente incorrecto. La ley exige testimonios, cartografías, antecedentes históricos y etnográficos. Lo que la Corte Suprema ha recordado en distintos fallos es que la autoridad no puede rechazar solicitudes sin analizar adecuadamente la evidencia presentada, ni exigir estándares arbitrarios que excedan lo establecido por la ley. No es el Estado quien debe “probar algo”, sino las instituciones las que deben evaluar objetiva y técnicamente los antecedentes.

El texto pregunta si “hay solución para terminar con el problema”. Pero antes de hablar de “problema”, deberíamos reconocer los beneficios concretos que las ECMPO han generado: protección de actividades tradicionales, fortalecimiento de la pesca artesanal, resguardo ecológico en sectores vulnerables y creación de modelos de co-gestión que ordenan el uso del borde costero. La verdadera amenaza para el desarrollo sostenible no proviene de los ECMPO, sino de la narrativa que las presenta como un privilegio indebido, ignorando que nacen de derechos preexistentes y de necesidades históricamente postergadas.

Por último, la frase final del texto —“porque el borde costero es de todos los chilenos y no hay chilenos de primera y segunda categoría”— es correcta, pero usada de forma injusta. Precisamente porque el borde costero es de todos, también lo es de quienes lo habitan desde hace generaciones. Reconocer derechos no crea chilenos “de primera”; lo que sí lo hacía era la antigua práctica de entregar el mar sin considerar a quienes ya vivían allí. La Ley Lafkenche vino a equilibrar esa balanza.

Por eso, frente a narrativas alarmistas, vale recordar que los ECMPO no paralizan el desarrollo: ordenan, reconocen, coordinan y protegen. Y un país que quiera construir un futuro costero sostenible necesita más de eso, no menos.

Los abusos de la Ley Lafkenche