El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Ejecutivo ingresará a comienzos de enero una reforma constitucional destinada a modificar la dependencia institucional de Gendarmería, iniciativa que surge en medio del impacto generado por la denominada Operación Apocalipsis, investigación que destapó una red de corrupción al interior del sistema penitenciario.
El caso, que permitió la detención de 44 funcionarios de Gendarmería, reveló un esquema de cohecho mediante el ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios a través del sistema de encomiendas, los que posteriormente eran distribuidos a internos a cambio de pagos. Para el gobierno, la magnitud de los hechos dejó en evidencia la necesidad de un cambio estructural.
En ese contexto, Cordero sostuvo que la reforma permitirá que Gendarmería pase a ser una institución de orden y seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las funciones de reinserción serán trasladadas al Ministerio de Justicia, a través de una nueva institucionalidad.
Durante una entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado detalló los plazos legislativos del proyecto. “En las próximas dos semanas nosotros tenemos receso legislativo, el Congreso no va a funcionar (…) pero comienza a partir de la primera semana de enero, el 4 o el 5 de enero, y para esa fecha la reforma constitucional va a estar ingresada”, afirmó.
El ministro recalcó que se trata de una discusión postergada por años y que el objetivo del Ejecutivo es dejarla resuelta durante el actual periodo.
“Es una reforma indispensable, necesaria, una necesidad hace muchísimos años en nuestro país (…) de modo que la próxima administración, cuando arribe, tenga este problema resuelto desde el punto de vista de la dependencia y simplemente quede la implementación”, sostuvo.
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“Ninguna pérdida de derechos”
En relación con las inquietudes expresadas por el director de Gendarmería, Rubén Pérez, respecto de los efectos que podría tener la reforma en los funcionarios, Cordero aseguró que no habrá retrocesos en sus condiciones laborales. “Este cambio estructural no significa ninguna pérdida de beneficios ni de derechos”, señaló.
No obstante, explicó que el nuevo estatus constitucional sí tendrá consecuencias inmediatas, indicando que “las instituciones de orden y seguridad pública, de acuerdo a la ley, no pueden tener asociaciones de funcionarios (…) Usted no puede tener sindicatos con armas. Y esa es la razón, ese es uno de los impactos directos”, puntualizó.
Finalmente, el ministro insistió en que la iniciativa debe aprobarse durante el actual periodo legislativo. “Es una reforma indispensable y es conveniente también para que la próxima administración pueda iniciar su gestión en materia de seguridad pública con este tema resuelto”, concluyó.
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