Golpe histórico a la corrupción carcelaria: 66 detenidos, entre ellos 44 gendarmes, tras “Operación Apocalipsis”

La Fiscalía Regional Occidente dio a conocer este martes los resultados de la “Operación Apocalipsis”, uno de los mayores golpes contra la corrupción al interior de recintos penitenciarios en Chile. El operativo, coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI) y desplegado en siete regiones del país, terminó con 66 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería acusados de participar en una red ilícita que operaba principalmente en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, detalló que 40 gendarmes fueron detenidos por órdenes judiciales vigentes y otros cuatro sorprendidos en flagrancia mientras cometían delitos dentro de Santiago 1.

“Se trata de una estructura criminal que permitió, a cambio de pagos, el ingreso de elementos prohibidos a los penales y la entrada irregular de personas no autorizadas”, afirmó.

La investigación permitió además congelar 183 cuentas bancarias, incautar 16 vehículos y decomisar $50 millones en efectivo, resultado del seguimiento de más de 9.000 transferencias y cerca de 100 interceptaciones telefónicas autorizadas por tribunales.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la inmediata desvinculación de los funcionarios involucrados.
“Han violado su juramento a la bandera. No representan una pérdida: estamos apartando a malos elementos que contaminan el control penitenciario”, enfatizó.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que la operación es fruto del foco penitenciario creado en 2023 para investigar delitos cometidos tanto por internos como por funcionarios públicos.
“No sólo perseguimos la criminalidad que nace en las cárceles, sino también la que afecta a los propios internos cuando proviene de quienes deben resguardarlos”, señaló.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que el movimiento financiero asociado a la red supera los $6.300 millones, de los cuales “al menos la mitad corresponde a cohechos y sobornos”.

Los detenidos serán formalizados por asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales.

Desde el Gobierno, tanto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoraron la operación.
“Combatir el crimen organizado dentro de las cárceles es clave para fortalecer la seguridad pública”, sostuvo Cordero.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.