
Gremio de gendarmes “repudia” reformas impulsadas por Boric y exige diálogo con Gobierno
El gremio penitenciario cuestionó el anuncio del Presidente por falta de diálogo previo y advirtió que un cambio de esta magnitud no puede abordarse como una simple reorganización administrativa.
La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) manifestó su “más profundo repudio y rechazo” al anuncio realizado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto del cambio de dependencia ministerial de Gendarmería de Chile, que dejaría de estar bajo el alero del Ministerio de Justicia para pasar al Ministerio de Seguridad Pública.
A través de una declaración pública, el gremio criticó que la decisión haya sido adoptada sin un proceso previo de diálogo con las organizaciones representativas de las y los trabajadores penitenciarios, lo que —afirman— evidencia un desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan diariamente los funcionarios, tanto uniformados como no uniformados.
Desde ANFUP subrayaron que el rol que cumple actualmente Gendarmería de Chile en materias de reinserción social y seguridad pública es fundamental para la democracia y la seguridad del país, por lo que advirtieron que una modificación de esta naturaleza no puede ser tratada como una mera reorganización administrativa o jurídica.
En ese sentido, el gremio recalcó que cualquier cambio en la dependencia ministerial debe contemplar garantías concretas en ámbitos clave, como la estabilidad laboral y previsional de los funcionarios; el respeto a los derechos adquiridos —incluidos bonos trimestrales, asignaciones profesionales, de responsabilidad y de turno—; el resguardo de la carrera funcionaria; la mantención del rol institucional de Gendarmería; mejoras reales en las condiciones laborales, de seguridad e infraestructura; y el respeto irrestricto al derecho a la sindicalización.
Finalmente, la ANFUP rechazó “tajantemente” las decisiones unilaterales que se adopten sin la participación activa de quienes sostienen el sistema penitenciario en condiciones que califican como precarias y de alto riesgo, y exigió al Gobierno la apertura inmediata de una mesa de trabajo con las organizaciones gremiales del sector para abordar de manera seria, responsable y participativa cualquier cambio estructural que afecte la naturaleza jurídica de la institución.
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