HRW denuncia que política migratoria de EE.UU. pone en riesgo la seguridad pública

Human Rights Watch (HRW) alertó este martes que la política migratoria impulsada por la Administración de Estados Unidos, marcada por un endurecimiento significativo de las operaciones contra migrantes, “menoscaba” la seguridad pública y deja a numerosas comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

En su informe “Les necesitamos: El visado U genera confianza, contrarresta el temor y promueve la seguridad comunitaria”, la organización concluye que las actuales prácticas de deportación “socavan” los programas federales que permiten a víctimas de delitos obtener la residencia legal cuando colaboran con las autoridades.

HRW denuncia que los cambios en los protocolos de actuación —como permitir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar personas en tribunales, centros de salud u otros lugares considerados previamente seguros— actúan como “un fuerte factor disuasorio” para que migrantes denuncien delitos o soliciten órdenes de alejamiento.

Los visados U, creados en el año 2000, están dirigidos a víctimas de delitos violentos —en su mayoría mujeres y niños— que colaboran o están dispuestas a cooperar con la justicia. El programa busca impedir que los agresores utilicen la amenaza de deportación para silenciar a sus víctimas o impedir que acudan a la Policía.

“A pesar del discurso de mano dura contra la delincuencia, las acciones de la Administración están beneficiando a quienes cometen abusos, y esto reduce la posibilidad de detenerlos y procesarlos”, señaló Sara Darehshori, consultora de HRW y autora del informe. Añadió que, si existe un interés real en combatir la criminalidad, el Gobierno “debe ampliar y mejorar” estos programas de protección.

HRW subraya que las tácticas agresivas de ICE bajo la Administración Trump “harán que las víctimas sean aún más reacias a pedir ayuda”, lo que, en su opinión, contradice los compromisos del país en materia de Derechos Humanos y prevención de la violencia de género.

La ONG sostiene que el visado U es “una herramienta fundamental” para proteger a víctimas y fortalecer la seguridad comunitaria. Por ello, pidió al Congreso adoptar medidas urgentes para reforzar y ampliar el programa. En la misma línea, Saloni Sethi, comisionada de la Alcaldía de Nueva York para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género, afirmó que este tipo de visado “disipa el temor que silencia a los sobrevivientes” y permite que colaboren con las investigaciones “sin poner en riesgo el bienestar de sus familias”.