JEP reconoce como genocidio exterminio de la Unión Patriótica en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia calificó como genocidio político el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP), que dejó cerca de 5.730 personas asesinadas o desaparecidas y más de 8.900 víctimas en total, entre 1985 y comienzos de la década de 2010.

El fallo se enmarca en el Caso 06, que investiga la violencia contra este partido político surgido en 1985 como parte de un intento de paz con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según determinó la JEP, además de los homicidios y desapariciones, al menos 3.200 personas fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

El tribunal responsabilizó por estos crímenes a cinco generales en retiro del Ejército colombiano, quienes actuaron con el respaldo de grupos paramilitares, en el marco de una estrategia de persecución sistemática sustentada en una campaña de estigmatización. Según el fallo, desde las agencias de inteligencia militar se difundió la tesis de que la UP era el “brazo político de las FARC”, lo que facilitó la justificación de la violencia y la inacción de amplios sectores del Estado.

La JEP identificó tres modalidades de exterminio: asesinatos de campesinos en zonas rurales asociadas a la UP; homicidios de funcionarios, dirigentes locales y autoridades electas en áreas urbanas; y masacres con desplazamientos colectivos en territorios con fuerte presencia del partido.

Los cinco oficiales imputados disponen ahora de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las acusaciones. Si reconocen su participación, podrían recibir penas de restricción de libertad de entre cinco y ocho años; en caso contrario, sus procesos pasarán a la justicia ordinaria y arriesgan condenas de hasta 20 años de prisión.

Hace un mes, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado por estos hechos, en el marco de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en 2024 condenó al país por su responsabilidad en el genocidio.

“El Estado colombiano debe pedir perdón, no ofrecerlo, porque es corresponsable de un genocidio político”, afirmó Petro durante la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea en Santa Marta.

La Corte IDH concluyó que los crímenes se cometieron con la participación directa de agentes estatales y con la tolerancia de las autoridades, como respuesta al rápido crecimiento electoral de la Unión Patriótica en zonas campesinas y de influencia guerrillera. El fallo también reveló una alianza entre paramilitares, sectores económicos y la política tradicional para frenar su avance.

No fue sino hasta 2022, con la llegada de Petro al poder, que la UP volvió a integrar un gobierno, tras décadas de persecución que incluyeron el asesinato de dos de sus candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal en 1986 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Desde diciembre de este año, la Unión Patriótica forma parte de una nueva alianza política junto a Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, bajo la denominación Pacto Histórico, ahora con personería jurídica propia.