“Mafia china”: Justicia ordena prisión preventiva para 17 imputados del caso

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el pasado viernes que 17 de los 18 imputados en la investigación conocida como “mafia china” deberán cumplir prisión preventiva, a petición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La causa se abrió tras la “Operación Muralla Oriental”, realizada por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia, donde se allanaron 63 inmuebles.

En el operativo fueron detenidas 30 personas —27 de ellas de nacionalidad china— además de un funcionario de Carabineros llamado Gonzalo Andrés Hernández Salinas que fue dado de baja de inmediato. Del total de aprehendidos, 12 quedaron apercibidos a la espera de nuevas citaciones, mientras que se incautaron más de $600 millones, armas y diversas sustancias ilícitas.

Según la Fiscalía, a los imputados se les atribuye participación en una estructura dedicada al tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de activos, secuestros extorsivos y soborno. Al exuniformado se le sumaron cargos por cohecho reiterado y revelación de secreto.

Durante la audiencia, el tribunal distinguió entre dos grupos: siete de los formalizados quedaron en prisión preventiva por representar un riesgo para la seguridad de la sociedad; los otros diez por peligro de fuga. Para este último segmento, el juzgado fijó una caución de $7 millones que permitiría sustituir la medida por arraigo nacional, arresto nocturno y firma quincenal.

El fiscal Alfredo Cerri explicó que varios de los detenidos fueron sorprendidos en un restaurante que la organización utilizaba como punto de encuentro y almacenamiento, pese a que no operaba como local comercial. Indicó que su presencia en el inmueble “no los hace partícipe necesariamente de la asociación criminal, pero sí responsables de los delitos por los cuales habían sido imputados, que el tribunal entendió que sí existían y hay antecedentes suficientes respecto de ellos”.

La investigación tendrá un plazo de seis meses, mientras la Fiscalía advirtió que el caso no implica el cierre del fenómeno delictual asociado a estas bandas. “Uno nunca puede decir que algo se termina”, señaló Cerri, subrayando que se trata de dinámicas que deben mantenerse bajo vigilancia.