Policía del Congreso brasileño desaloja por la fuerza a diputado del PSOL

La Policía de la Cámara de Diputados de Brasil desalojó este martes por la fuerza al parlamentario del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Glauber Braga, luego de que se negara a abandonar el asiento del presidente de la Cámara, Hugo Motta, en protesta por la programación del proceso que podría derivar en la revocación de su mandato.

La medida se origina en un incidente ocurrido en 2024, cuando Braga empujó y pateó a un activista de derecha que lo seguía dentro del Congreso. Sin embargo, el diputado denunció una persecución política y vinculó su expulsión a un proyecto de ley que será votado esta jornada y que busca reducir las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.

“Permaneceré aquí con calma, ejerciendo mi legítimo derecho político a no aceptar como un hecho consumado la amnistía a un grupo de golpistas”, declaró Braga antes de ser retirado por efectivos de seguridad.

Sesión suspendida y periodistas expulsados

Tras el inicio de la protesta, la sesión fue suspendida, se interrumpió la transmisión oficial y los periodistas fueron obligados a abandonar el pleno, según informó el diario Folha de São Paulo. Las únicas imágenes del desalojo circularon a través de grabaciones difundidas por otros diputados.

A la salida del hemiciclo, Braga denunció que “el único mandato realmente afectado” es el suyo, mientras que los otros dos parlamentarios involucrados en procesos disciplinarios —Alexandre Ramagem y Carla Zambelli, ambos del Partido Liberal— se encuentran fuera del país: él en Estados Unidos y ella detenida en Italia.

Acusaciones de violencia y críticas al presidente de la Cámara

El episodio se agravó tras la denuncia de agresión presentada por el diputado Dorinaldo Malafaia, quien aseguró haber sido herido en un brazo por efectivos policiales mientras negociaba la salida de Braga. También se habrían registrado lesiones a Rogério Correia (PT) y a la diputada indígena Célia Xakriabá (PSOL).

“Su Excelencia ha perdido toda autoridad moral, prestigio y respeto público”, afirmó Malafaia en referencia al presidente de la Cámara, Hugo Motta.

Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, Lindbergh Farias, reconoció que la acción de Braga “no es el mejor método”, pero responsabilizó a Motta por “no castigar a los golpistas”, aludiendo al motín ocurrido en agosto pasado, cuando diputados de derecha bloquearon el Congreso durante 30 horas sin que interviniera la Policía.

Respuesta de Motta y reacción de la prensa

A través de la red social X, Hugo Motta sostuvo que Braga “faltó el respeto a todo el Poder Legislativo” y defendió su actuar señalando que su deber es “proteger la democracia de los gritos, los gestos autoritarios y la intimidación disfrazada de actos políticos”.

Además, anunció una investigación por “posibles excesos en la cobertura mediática” tras la expulsión de los periodistas, decisión que fue rechazada de inmediato por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner), que denunciaron “prácticas de intimidación” y recordaron que la Constitución brasileña “prohíbe expresamente la censura”.

Proceso disciplinario y trasfondo político

En abril, la Comisión de Ética de la Cámara recomendó la revocación del mandato de Braga por su agresión a un integrante del Movimiento Brasil Libre (MBL), organización de derecha. Ese mismo día, el diputado inició una huelga de hambre que solo finalizó tras el compromiso de Motta de postergar la votación durante el primer semestre.

Braga justificó su reacción señalando que el activista del MBL insultó a su madre, enferma de alzhéimer y fallecida pocos días después, y denunció además una supuesta persecución política impulsada por el expresidente de la Cámara, Arthur Lira.

Proyecto que reduciría condena a Bolsonaro

El acto de protesta retrasó por varias horas la votación de un proyecto de ley que modificaría la Ley de Ejecución Penal y el Código Penal. De aprobarse, el texto reduciría de casi siete años a poco más de dos el tiempo que Jair Bolsonaro debería cumplir en régimen cerrado, tras haber sido condenado a más de 27 años por encabezar el intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.