Situación política y estratégica que hunde a Maduro y salpica a Sudamérica

Por Christian Slater E., coronel (R) de Ejército.

Los últimos acontecimientos en Venezuela no pueden analizarse como hechos aislados ni como simples gestos de presión diplomática. Lo que presenciamos es un rediseño geopolítico de mayor escala: el retorno de Estados Unidos a Sudamérica como actor militar decisivo, justo cuando Washington expresa una creciente frustración con Europa y con la OTAN por su incapacidad de asumir sus propias responsabilidades estratégicas. Mientras el frente euroasiático se tensiona por la debilidad europea, en el Caribe emerge un escenario donde Estados Unidos sí está dispuesto a actuar con determinación.

La reciente designación del régimen de Maduro y del llamado Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO) marca un punto de ruptura. Esta categoría no es simbólica: otorga a Washington facultades legales para realizar operaciones ofensivas, interdicciones marítimas, confiscaciones de activos, detenciones extraterritoriales y ataques selectivos contra infraestructura crítica del régimen. Y ya comenzó a aplicarse. La incautación de un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, realizada por fuerzas estadounidenses, demuestra que la fase operacional ya está en marcha.

A este cuadro se suma la carta de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano hoy preso en Estados Unidos, quien —tras declararse culpable de conspiración por narcoterrorismo— detalló cómo el régimen articuló durante años una red integrada con las FARC, el ELN, Hezbollah y la inteligencia cubana, usando el narcotráfico, las bandas criminales y el espionaje como armas contra Estados Unidos. Carvajal no busca indulgencias menores: asumió delitos gravísimos que le significan décadas de prisión. Su objetivo es derribar el régimen que ayudó a construir, aportando pruebas internas que confirman la naturaleza narcoterrorista y transnacional del aparato chavista.

Washington lo entendió. Y actuó.

Hoy, el despliegue estadounidense frente a las costas venezolanas supera por lejos cualquier operativo antidrogas. Según advirtió James Stavridis, excomandante supremo de la OTAN, cuando un presidente de EE.UU. declara “cerrado” el espacio aéreo de un país, no está enviando una señal diplomática: está preparando una operación militar. Más de una docena de buques, miles de marines, aviones de supresión electrónica y el portaaviones más avanzado del mundo no son una presencia simbólica. Son la configuración clásica de una fuerza de coerción estratégica con capacidad de abrir una transición forzada.

Mientras Europa recibe críticas de Washington por su crónica dependencia militar, Sudamérica vuelve al tablero mayor por razones mucho más concretas: la amenaza en el Caribe afecta directamente la seguridad del hemisferio. Y Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el frente europeo, no delega, no duda y no espera.

En este contexto, la marcha mundial del 6 de diciembre convocada por María Corina Machado —y realizada en más de 120 países, incluido Chile— se transformó en un símbolo de legitimidad democrática. Fue su hija quien tuvo que recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, porque la propia Machado solo logró llegar horas después de la ceremonia. Ese hecho no solo humanizó la causa venezolana, sino que dejó sin piso cualquier intento por relativizar su liderazgo.

En Chile, este tema no pasó inadvertido. Durante el último debate presidencial, la candidata comunista Jeannette Jara calificó a Machado como “golpista”, un gesto que no solo le significó un costo político inmediato, sino que además generó rechazo transversal en el país y críticas desde el extranjero. La respuesta llegó incluso desde Oslo, donde Magdalena Piñera, hija del expresidente chileno, cuestionó públicamente las palabras de Jara: “¿Alguien cree que le estarían dando el Nobel de la Paz a María Corina Machado si fuese una mujer golpista?”.

El golpe final vino del propio presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien pronunció uno de los discursos más duros de los últimos años, exigiendo respeto a la voluntad democrática del pueblo venezolano y cuestionando abiertamente la falta de legitimidad del régimen de Maduro. Difícil pensar en una desautorización más contundente para quienes, en Chile, todavía intentan justificar lo injustificable.

Todo esto configura un hecho mayor: Sudamérica vuelve a importar para Estados Unidos, no por romanticismo democrático, sino porque el régimen venezolano cruzó el umbral que separa la criminalidad común del terrorismo internacional. Y cuando eso ocurre en el hemisferio occidental, Washington no actúa con la lentitud que critica en Europa; actúa con la urgencia que exige su propia seguridad nacional.

El desenlace está abierto. Maduro tiene una salida política, estrecha pero real. Si no la toma, la pregunta dejará de ser “si” habrá un quiebre, para transformarse en “cuándo” y “qué tan profundo”.