Suprema abre investigación tras autodenuncia del ministro Jean Pierre Matus por antecedentes vinculados al caso Dominga

El Pleno de la Corte Suprema resolvió este 17 de diciembre abrir una investigación administrativa a raíz de la autodenuncia presentada por el ministro Jean Pierre Matus, con el fin de aclarar antecedentes difundidos recientemente por un medio de comunicación. La indagatoria quedó a cargo del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro.

La solicitud fue ingresada por el propio ministro Matus el 16 de diciembre, el mismo día en que se conoció un reportaje del medio Reportea, que expuso una compleja red de pagos, asesorías jurídicas y vínculos entre la empresa Andes Iron, titular del proyecto minero Dominga, y el estudio de abogados Lagos y Vargas, cuyos socios hoy se encuentran en prisión preventiva, imputados por presuntos sobornos a jueces en otras causas.

Los pagos revelados por Reportea

Según la investigación firmada por el periodista Nicolás Sepúlveda, entre marzo y diciembre de 2023 Andes Iron transfirió $255,5 millones al estudio Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada, mediante pagos mensuales respaldados por facturas que consignaban “honorarios de asesoría jurídica según contrato”. Sin embargo, ninguno de los abogados del bufete figura como litigante de Dominga en las causas judiciales del proyecto.

Las cartolas bancarias muestran que, tras cada pago, los recursos eran distribuidos entre los socios y colaboradores del estudio. Entre quienes recibieron dineros figuran los exdiputados Gabriel Silber —actualmente buscando colaborar con la Fiscalía— y Aldo Cornejo, quien reconoció a Reportea haber realizado labores de “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias” para la minera.

El vínculo con el ministro Matus

Uno de los puntos más sensibles del reportaje es que la esposa del ministro Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez, aparece recibiendo al menos $18 millones desde el estudio Lagos y Vargas entre 2023 y 2024, período en el que se realizaron los pagos de Andes Iron y en el que la Corte Suprema dictó resoluciones favorables a Dominga.

Matus mantiene en su registro de inhabilidades a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, precisamente porque su cónyuge ha trabajado con ellos. Pese a ello, el ministro redactó o integró fallos clave relacionados con el proyecto, incluidos pronunciamientos de mayo de 2022 y enero de 2024, que rechazaron recursos presentados por opositores a la minera.

Reportea también reveló transferencias bancarias directas realizadas por Matus a Mario Vargas en 2022, con glosas como “saldo” y “Baco”, antecedentes que ahora también quedarán bajo revisión administrativa.

Dominga y la estrategia judicial

El reportaje detalla que durante 2022 y 2023, Andes Iron anticipaba que el destino del proyecto Dominga se resolvería nuevamente en tribunales, luego de sucesivos rechazos del Comité de Ministros. En ese contexto, correos electrónicos internos del estudio Lagos y Vargas —a los que accedió Reportea— muestran el interés del bufete por la estrategia judicial del proyecto, pese a no figurar formalmente como representantes legales de la minera.

Dominga, un proyecto de hierro y cobre con una inversión estimada cercana a los US$3.000 millones, ha sido aprobado y rechazado en varias oportunidades desde su ingreso al sistema ambiental en 2013, convirtiéndose en uno de los conflictos político-judiciales más emblemáticos del país.

Investigación en curso

Hasta ahora no existe claridad sobre si el ministro Matus conocía los pagos de Andes Iron al estudio Lagos y Vargas, ni sobre el rol específico que pudo haber tenido su esposa en esas asesorías. El propio ministro no respondió a las consultas de Reportea antes del cierre de su investigación.

Con la decisión adoptada hoy, será el fiscal judicial Jorge Pizarro quien deberá establecer si existieron eventuales faltas administrativas o situaciones de conflicto de interés, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio el rol del Poder Judicial en causas de alto impacto político y económico.

La Corte Suprema, por ahora, se limitó a confirmar la apertura de la investigación solicitada por el propio ministro, en un escenario que promete seguir generando repercusiones.